¿Tu hijo será ciudadano por nacimiento si das a luz en EE. UU.? Esto pasará después de la orden ejecutiva de Trump
La orden ejecutiva de Donald Trump, que busca restringir la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes sin estatus legal permanente, causó temor e incertidumbre, especialmente entre mujeres embarazadas que darían a luz en EE. UU.
La República en GoogleLa reciente orden ejecutiva de Donald Trump ha encendido alarmas entre inmigrantes, especialmente mujeres embarazadas, que consideran dar a luz en Estados Unidos para asegurar la ciudadanía de sus hijos. Esta medida busca restringir el derecho automático a la ciudadanía, consagrado en la Decimocuarta Enmienda, para hijos de padres que no cuentan con estatus legal permanente. Aunque actualmente se encuentra en disputa legal, la incertidumbre y el temor se han apoderado de quienes podrían verse afectados. "Mi hijo ni siquiera vino al mundo y ya le están violando derechos", expresó Meny, una de madres afectadas a BBC Mundo.
Trump justificó su decisión señalando que la ciudadanía por nacimiento, conocida como 'jus soli', atrae la migración irregular y fomenta el fenómeno del "turismo de maternidad". Sin embargo, organizaciones pro inmigrantes han denunciado que esta medida viola derechos fundamentales y podría dejar a miles de niños en un limbo legal, al convertirlos en apátridas. Mientras tanto, comunidades de inmigrantes buscan asesoría para entender las implicaciones y posibles consecuencias de este cambio normativo.
¿Qué pasará con los hijos de inmigrantes después de concretarse la orden?
Si la orden ejecutiva logra superar los obstáculos legales, Estados Unidos podría convertirse en uno de los pocos países desarrollados que eliminan la ciudadanía por nacimiento. Esto tendría un impacto directo en las mujeres embarazadas que planean dar a luz en territorio estadounidense. Muchas de ellas consideran que este derecho es una forma de garantizar un futuro más seguro para sus hijos y, en algunos casos, un camino hacia la regularización de su estatus migratorio.
Sin embargo, según Conchita Cruz, cofundadora de la organización Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), entidad que brinda membresías a solicitantes de asilo provenientes de zonas en conflicto, aseguró que muchas mujeres embarazadas y muchas familias dentro de la membresía están nerviosas y ansiosas al escuchar esta noticia. Esto se debe a que "realmente no se sabe qué pasará con los niños de otras personas que son de otros países (…). Es posible que sus hijos nazcan aquí en Estados Unidos sin patria", advirtió Cruz.
Las demandantes de ASAP esperan resolución del tribunal
El panorama parece obligar a los inmigrantes a replantear estrategias familiares y legales, ya que los nacimientos en Estados Unidos dejarían de ser un medio para obtener derechos vinculados a la ciudadanía. Además, las mujeres embarazadas que residen en el país sin documentos legales han comenzado a buscar asesoría con abogados especializados en migración para anticipar los posibles efectos de la medida.
Por ejemplo, la disputa legal en torno a la orden ejecutiva de Trump ofrece a Meny un respiro, ya que su caso forma parte de una de las demandas presentadas. "Nos da esperanza, porque el ser humano sobrevive de eso: de la esperanza de un futuro mejor, de la seguridad y el bienestar familiar. Tengo fe en que el presidente no logrará esto", dijo la gestante hondureña.
La demanda fue interpuesta por el proyecto ASAP, que agrupa a más de 650.000 solicitantes de asilo, y CASA, una organización con presencia en 46 estados de EE. UU. También incluye a cinco demandantes individuales, todas embarazadas, que temen que, debido a su estatus migratorio o el de sus parejas, sus hijos sean privados de la ciudadanía estadounidense. "Queremos que la orden ejecutiva sea declarada inconstitucional e ilegal", enfatiza Leidy Pérez, abogada y directora de políticas de ASAP, en declaraciones a BBC Mundo.
Trump ya había advertido eliminar la ciudadanía automática desde 2018
Desde 2018, Donald Trump había expresado abiertamente su intención de poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento. Durante su primer gobierno, vinculó la eliminación de este derecho con la necesidad de endurecer las políticas migratorias, incluyendo las deportaciones masivas.
Hoy, el anuncio de esta orden ejecutiva no sorprende, pero sí representa un desafío legal significativo. La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses sin importar el estatus migratorio de sus padres. Cualquier cambio en esta interpretación requeriría una enmienda constitucional, un proceso largo y complejo que enfrenta resistencia tanto en los tribunales como en la sociedad civil.
Activistas y expertos en derecho constitucional señalan que esta medida, además de ser inconstitucional, podría tener graves repercusiones humanitarias. Miles de niños nacidos en suelo estadounidense quedarían en una situación vulnerable, sin acceso a derechos básicos como la educación, la salud o la protección legal. No obstante, en una entrevista para Univisión Noticias, el abogado Ángel Leal aseveró que, a pesar de los esfuerzos republicanos por restringir el goce del presente derecho legal, la corte terminaría por fallar a favor de la ciudadanía.
