A 30 años de la privatización, mal negocio para el Estado y sus intereses

En 1992, y como parte de la política de privatización de las empresas del Estado instaurada en el fujimorismo, Solgas fue transferida al sector privado por medio del mecanismo de subasta en la Bolsa de Valores.

La Compañía Peruana de Gas (Solgas), propiedad de Petroperú, en ese momento facturaba US$ 40 millones y reportaba utilidades anuales de US$ 2 millones. Contaba, además, con 9 plantas de envasado a nivel nacional y solo el edificio ubicado en la cruce de las avenidas Javier Prado con Aviación tenía un seguro de US$ 5 millones; no obstante, toda la empresa fue vendida a US$ 7 millones al consorcio chileno Lipigas.

Tres años después, Solgas es comprada por Repsol, que pagó US$ 50 millones, y en 2015 vuelve a ser vendida esta vez a Abastible, filial del grupo de empresas Copec S.A. de Chile, que pagó US$ 232 millones.

Solgas tan solo fue uno de los activos privatizados a Petroperú, entre los que sobresalen la refinería La Pampilla, los lotes petroleros y los terminales.

Es importante precisar que el proceso de privatización fragmentada al que fue sometida la petrolera estatal fue detenido gracias a la gesta de diversos actores sociales, entre trabajadores tanto petroleros como de otros sectores, congresistas y la sociedad civil.

Transferencia de riqueza

El proceso de privatización de las empresas estatales, recuerda Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, fue parte de una reforma estructural importante bajo presión de los organismos multilaterales para que el país, luego de la debacle económica del primer gobierno de Alan García, vuelva a tener crédito y sea elegible; es decir, para que no sea un paria financiero.

“Como no teníamos reservas internacionales netas, y no había cómo pagar planilla, Fujimori necesitaba tener la nota aprobatoria de las multilaterales. Allí empezó la privatización, sin mayor planeamiento estratégico y, como se dijo alguna vez, por aquellos años, la tónica era privatizar una empresa por semana. Las consecuencias se pagan hoy porque desde el punto de vista económico se trató de la transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital privado”, lamentó.

La minería a su mínima expresión

“La actividad minera hoy sería más vigorosa de haberle dado un objetivo claro y sin corrupción. Seríamos líderes en producción, no de concentrados, sino de productos con valor agregado”, asevera Luis Castillo Carlos, ex secretario general de la Federación Nacional Minera, que considera que el proceso de privatización de las unidades mineras, así como del resto de empresas públicas, fue un acto lesivo para el país.

Anota que solo en el caso de lo que fue el gran complejo de La Oroya, unidad que pertenecía a la desaparecida Centromín, se tenían 9 minas: Casapalca, Cobriza, Cerro de Pasco, Morococha, San Cristóbal, Andaychagua, Mahr Túnel, Yauricocha y Chumpe, que aportaban con el mineral para el complejo. En su conjunto, Centromín generaba empleo para 19.500 trabajadores. Hoy, esa masa laboral no llega ni a 2.000 personas.

Entre las principales minas privatizadas también tenemos a Antamina, Yanacocha, Tintaya y Cerro Verde. Al respecto, Manco Zaconetti anota que lo más importante que el país perdió con esta operación fue la renta minera. Cita como ejemplo el caso de Cerro Verde, mina vendida a US$ 37 millones y que hoy factura más de US$ 3.000 millones y produce casi 600.000 toneladas de cobre, debido a sus diversas ampliaciones.

“Las privatizaciones de los noventa sirvieron para que algunos empresarios se vuelvan grandes empresarios. Solo fue en beneficio de un pequeño grupo de personas que ahora creen que son los dueños del país”, cuestionó el dirigente Castillo Carlos.

Empresas de servicios

Más del 61% de las transacciones, en el proceso de privatización, se realizaron en empresas de servicios públicos ubicadas en los sectores de telecomunicaciones y electricidad, cada una con una participación del 39% y 22,7%, respectivamente.

Las empresas mineras representaron un 13% de las transacciones, mientras que el sector hidrocarburos representó el 10%. La industria y el sector financiero representaron alrededor del 5%, el sector pesquero y el de transporte entre el 1% y 2%, mientras que las empresas vinculadas al sector turismo y agricultura representaron valores en torno al 0,5% en el total de las transferencias al sector privado.

De acuerdo con el informe “El proceso de privatizaciones en el Perú durante el periodo 1991 y 2002″, publicado por la Cepal, una de las consecuencias más importantes que tuvo el proceso de privatización es haber sido impulsor de una dinámica de concentración y centralización del capital, especialmente en el sector constituido por empresas de servicios públicos.

“La transferencia de algunas de estas empresas a grupos económicos concentrados -independientemente de los significativos aportes que estas empresas realizan en términos de tecnología y modernización- podría implicar una transferencia de un importante poder de decisión del Estado que, bajo determinadas circunstancias, podría restar autonomía a importantes elementos de la política económica e inclusive a su capacidad regulatoria. Cabe señalar, que algunas de estas empresas tienen una enorme influencia en la formación de precios locales y, por consiguiente, en la estructura de precios y rentabilidades relativas que pueden afectar la competitividad de los restantes sectores de la economía”, refiere el documento.

La Cepal agrega que “la experiencia viene demostrando que, al menos en el caso del suministro de los servicios públicos, las ganancias en productividad y eficiencia no han sido transferidas debidamente a los usuarios, no solamente en cuanto a precios y tarifas sino también respecto del incremento de la calidad de los servicios. La excesiva injerencia del Poder Ejecutivo en los entes reguladores ha sido otra de las características de las privatizaciones en el Perú. Los organismos creados para regular los servicios privatizados no tuvieron la necesaria independencia para llevar a cabo su misión con el alcance y la profundidad que exigía el resguardo del interés público involucrado”.

La investigación publicada en julio del 2002 concluye que no todos los objetivos del proceso de privatización, que justificaron su implementación, han podido ser alcanzados. En ese sentido, indica que la mayoría de los consumidores no han experimentado un impacto positivo de bienestar en la medida que los precios y tarifas se han elevado sistemáticamente debido a la ausencia de mecanismos eficaces de regulación que permitan trasladar la eventual mayor eficiencia privada a los usuarios.

Datos

Servicios. En el proceso de privatización también se incorporaron empresas del sector servicios a cargo del Estado, entre ellas las de telefonía y electricidad.

Joyas. Se estima que se transfirieron entre 240 y 250 empresas públicas.

Costo. Existe un costo social ocasionado por el cierre de las empresas, por la pérdida de derechos accionarios o por el despido que sufrieron los trabajadores para sanear la empresa antes de su privatización.

Cálculo. Se estima que en los nueve años de privatizaciones se perdieron más de 120 mil puestos de trabajo, de los cuales sólo un tercio fue absorbido por los nuevos operadores privados.64

• 1/ Incluye papeles de deuda a valor nominal por US$ 343 millones.
• 2/ Incluye capitalizaciones por US$ 897 millones.
• 3/ Comprende 21 plantas de harina de pescado y 5 refinerías de aceite de pecado.

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