Informe

Una ley para los vientres de alquiler

Pocos saben que desde 2014 el Ministerio de Justicia tiene listo un proyecto de ley para regular la gestación subrogada en el país. La buena noticia es que, tras el caso de la pareja chilena acusada de trata de personas, la actual gestión ha decidido relanzarlo. Esta es la historia.


Óscar Miranda

Domingo, 9 de Septiembre del 2018

A finales de 2013, un proyecto de ley muy particular llegó al escritorio de Tommy Deza Sandoval, director de la Oficina de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia (Minjus).

Estaba firmado por el entonces congresista Vicente Zeballos y proponía modificar un artículo de la Ley General de Salud con el fin de regular una problemática cada vez más frecuente en el país: el uso de la gestación subrogada, mal llamada "vientre de alquiler".

Deza, al que le correspondía emitir opinión sobre la iniciativa, elaboró un informe. En él propuso que el Minjus creara un grupo de trabajo, plural e independiente, que preparara su propio proyecto de ley para regular no solo la gestación subrogada sino todos los procedimientos de reproducción humana asistida que se practican en el país.

El grupo fue creado –lo integraron abogados y médicos privados especializados en reproducción asistida junto con médicos y expertos del sector público– y trabajó por más de un año. Al término de al menos 15 sesiones de intenso debate, produjo un anteproyecto de ley muy completo, de 25 páginas, que fue elevado a la alta dirección del ministerio.

El entonces ministro, Daniel Figallo, no tuvo tiempo de hacer nada con él. En febrero de 2015, ante la presión de la oposición que exigía su cabeza, tuvo que dejar el cargo.

Durante las siguientes seis gestiones ministeriales, el anteproyecto de ley permaneció acumulando polvo en alguna gaveta sin que nadie en el ministerio le prestara atención.

Hasta hace unos días, cuando dos ciudadanos chilenos fueron detenidos bajo la acusación de que intentaban traficar a dos bebés peruanos, en realidad hijos suyos, gestados a través de gestación subrogada.

El caso puso en evidencia, una vez más, los problemas generados por la falta de regulación de los métodos de reproducción asistida en el país.

Y activó la respuesta de la actual gestión del Minjus, que decidió elaborar un nuevo proyecto de ley tomando como base el documento preparado por los expertos en 2014, según adelantaron a Domingo funcionarios de ese despacho.

La casualidad hizo que el ministro que tomó esta decisión fuera nada menos que Vicente Zeballos, el autor de la iniciativa que a finales de 2013 puso todo en marcha.

 

Al alcance de todos

–La idea era que el proyecto estableciera una política pública –explica Tommy Deza a este suplemento–. No olvidemos que la infertilidad es una enfermedad social. La propuesta contemplaba un cierto rol del Estado, como posibilitar que las personas, a través de los centros de salud pública, pudieran beneficiarse de tratamientos para la infertilidad.

En efecto, una de las cosas más interesantes del anteproyecto de ley fue que establecía que "las parejas infértiles tienen derecho a acceder a los procedimientos de reprodución humana médicamente asistida en las IPRESS [Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud] públicas".

En teoría, una democratización de las técnicas de reproducción asistida más complejas, hoy solo al alcance de quienes pueden pagarlas en las clínicas especializadas.

En términos generales, el documento regulaba temas como los derechos y obligaciones de las personas que recurrían a estos procedimientos y la donación y disposición de los gametos y embriones.

No fue sencillo ponerse de acuerdo en asuntos tan delicados. En el debate hubo posturas como las de Luis Noriega y Chary Rodríguez-Cadillo, a favor de que las leyes se adapten a la realidad y al avance de las ciencias, y otras como las de Roxana del Águila, con un mayor acento en el respeto a la ética y a cierto orden natural.

–Hubo mucha pluralidad –dice Roger Rodríguez, quien integró el grupo de trabajo en su calidad de director de Derechos Humanos del Minjus–.Hubo visiones más conservadoras, otras más progresistas y, al final, se llegó a puntos de equilibrio muy importantes.

Uno de los temas más delicados fue, precisamente, el de la gestación subrogada, que planteó dilemas complejos, varios de los cuales siguen en estos días en discusión.

 

Altruista y excepcional

Una de las primeras cosas que la comisión acordó es que la gestación subrogada en el Perú debe ser un procedimiento excepcional, que se lleve a cabo cuando los demás procedimientos para tener descendencia no surtan efecto.

Lo siguiente: que debe ser altruista. Es decir, la gestante colaboradora no debe recibir dinero por llevar el embarazo, excepto una compensación económica por las molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales.

–Se quiso evitar que se genere un mercado –dice Tommy Deza–. Una actividad económica en la que la mujer ofrezca su vientre "en alquiler", haciendo que el término cobre sentido.

Con ese mismo fin también se estableció que la gestante colaboradora solo pueda serlo una vez, siempre y cuando la gestación se lleve a término.

El anteproyecto propuso que tanto la gestante como los padres sean peruanos o, al menos, residentes en el Perú. ¿Por qué? Para evitar, según Roxana del Águila, que el país se convierta en un "paraíso de turismo genético".

Un tema muy debatido fue si los padres beneficiarios debían aportar obligatoriamente sus cigotos –espermatozoides u óvulos– en la fecundación. ¿Qué pasa si en una pareja los dos tienen problemas para concebir? ¿O si quien quiere ser madre pero no puede gestar es una mujer soltera? ¿No podrían recurrir a la donación?

Al final, se llegó a una postura intermedia: al menos uno de los padres debía aportar sus genes en la fecundación.

Otro asunto clave que se definió fue que la gestación subrogada no genera vínculo filial. Eso quiere decir que la mujer que alumbra al bebé no será considerada automáticamente su madre, como ocurre hoy, situación que ha generado más de un problema legal.

Como los dos casos que lleva Chary Rodríguez-Cadillo legalmente: parejas cuyos hijos, nacidos de gestación subrogada, fueron inscritos en Reniec como hijos de las mujeres que los alumbraron. El Poder Judicial les ha dado la razón en ambos casos, pero hasta ahora el organismo de registro de identidad se ha resistido a acatar los fallos.

El anteproyecto del grupo de expertos evitaría este tipo de problemas, pues establece que el principio fundamental para determinar la filiación en los casos de reproducción humana asistida será la "voluntad procreacional". Es decir, serán considerados padres quienes expresaron su voluntad escrita de tener descendencia a través de estos procedimientos.

 

Listo a fines de mes

El viernes, el jefe del gabinete de asesores del Minjus, Jorge Luis León, le dijo a Domingo que especialistas de esa cartera ya comenzaron la redacción de su propuesta para regular la reproducción asistida en el país, para lo cual están revisando con atención el anteproyecto de ley producido en 2014.

Siendo el ministro Zeballos alguien interesado en legislar sobre este tema, como lo demuestra su proyecto de 2013, es de esperar que el trabajo avance con relativa rapidez.

León asegura que así será: la redacción del documento tomará unos 15 días y se espera recibir las opiniones de expertos durante 15 días más. A finales de septiembre el proyecto estará listo para ser presentado ante el Consejo de Ministros.

Después de ser aprobado, pasará a la cancha del Congreso, donde las discusiones seguro que serán intensas.

Quizás el procedimiento parlamentario lleve al proyecto del Zeballos-ministro a fusionarse en comisiones con el del Zeballos-congresista. Sería un curioso rizo del destino que ojalá para miles de familias peruanas tenga un final feliz.


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