Atención, inmigrantes en Florida: ley firmada por Ron DeSantis que impondría pena de muerte a indocumentados por este motivo
Florida intensifica sus políticas migratorias con leyes que podrían imponer la pena de muerte a inmigrantes indocumentados por delitos graves, marcando un cambio radical en su enfoque.
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Florida ha dado un giro drástico a sus políticas migratorias con la aprobación de un conjunto de leyes que, entre otras disposiciones, permite aplicar la pena de muerte a inmigrantes indocumentados culpables de delitos graves como asesinato en primer grado y violación infantil. Estas medidas, firmadas por el gobernador Ron DeSantis, consolidan al estado como uno de los más restrictivos en materia migratoria en Estados Unidos.
Con un presupuesto de US$298 millones destinado a reforzar la aplicación de estas normativas, el paquete legislativo incluye la contratación de agentes de seguridad especializados, compra de equipos, capacitaciones y bonificaciones para quienes colaboren con las autoridades federales.
Las disposiciones también contemplan el reembolso por el uso de instalaciones de detención, fortaleciendo una estrategia migratoria que algunos consideran una extensión de las políticas implementadas durante el gobierno de Donald Trump.
Ron DeSantis firma un paquete legislativo en Florida
El paquete legislativo firmado por DeSantis ha generado divisiones incluso dentro del Partido Republicano. Mientras algunos líderes republicanos presentaron propuestas más moderadas, el gobernador rechazó dichas iniciativas, calificándolas de insuficientes para atender las demandas de sus votantes. La legislación no solo tipifica como delito el reingreso al estado de personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos, sino que endurece las penas para infracciones cometidas por inmigrantes.
El senador republicano Joe Gruters, patrocinador de estas normativas, admitió que el proceso de aprobación causó tensiones dentro del partido. "En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump", aseguró, subrayando el impacto de estas leyes en la base republicana. Este enfoque ha posicionado a Florida como un ejemplo de coordinación entre estrategias estatales y federales en seguridad fronteriza.
Cuestionamientos legales y derechos civiles en juego
La aplicación de la pena capital en ciertos casos ha suscitado serias dudas sobre su constitucionalidad. Expertos legales y organizaciones defensoras de derechos humanos argumentan que estas medidas podrían contravenir precedentes establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos. Además, han señalado posibles violaciones de derechos fundamentales y la creación de un clima de discriminación contra comunidades vulnerables.
Otro aspecto polémico es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. Esta decisión afecta directamente a jóvenes que crecieron en el estado, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA. Grupos defensores de derechos civiles advierten que estas restricciones forman parte de un esfuerzo más amplio de los republicanos para consolidar apoyo político a expensas de las comunidades inmigrantes.
Impacto en otros estados de Estados Unidos
El endurecimiento de las leyes migratorias no es exclusivo de Florida. Estados como Alabama y Georgia han aprobado normativas similares que refuerzan la colaboración con autoridades federales para la detención y deportación de inmigrantes.
En Alabama, medidas recientes incluyen la recolección de ADN de personas detenidas y la criminalización del transporte de indocumentados. Por su parte, Georgia ha implementado leyes que permiten demandar a gobiernos locales que no cooperen con las autoridades migratorias.
