
El caso de presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise entra en una etapa clave este viernes 9 de octubre. El Tercer Juzgado de Familia de Lima realizará una audiencia de esclarecimiento para recoger las declaraciones de testigos y precisar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos, así como las responsabilidades individuales que correspondan.
Entre los convocados figuran docentes que acompañaron a los escolares durante el viaje de retorno de un campeonato deportivo, especialistas que participaron en las evaluaciones y cuatro alumnos que fueron apartados de la investigación y declararán en calidad de testigos. Uno de los estudiantes podría declarar por videoconferencia, debido a que habría viajado a Estados Unidos con su madre.
Los seis adolescentes que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, no participarán en esta sesión, de acuerdo con la información difundida sobre la diligencia.
Juan Peña, abogado del estudiante agraviado, señaló que la diligencia no se limitará a lo que habría ocurrido dentro de la cúster en la que viajaban los escolares. También buscará aclarar los hechos posteriores a la presunta agresión, en particular lo sucedido en un chifa de San Borja, donde ocho alumnos habrían sido captados aproximadamente una hora después.
Según el letrado, las declaraciones permitirán conocer qué conversaron los estudiantes en ese establecimiento y contrastar las distintas versiones recogidas durante la investigación. Peña sostuvo que el juzgado identificó inconsistencias entre las declaraciones de los adolescentes investigados ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, por lo que consideró necesario profundizar en esos puntos.
El abogado también indicó que la diligencia permitirá esclarecer la participación que habrían tenido otros involucrados. Según explicó, el estudiante agraviado y otros investigados habrían identificado a tres personas con participación directa en los hechos denunciados. Sin embargo, aún faltaría precisar quiénes habrían sujetado los tobillos de la víctima durante el ataque.
Peña informó que el vehículo en el que presuntamente ocurrió la agresión fue devuelto a la empresa propietaria luego de las pericias correspondientes. Añadió que el elemento que habría sido utilizado durante los hechos también fue materia de diligencias de investigación.
El abogado sostuvo que la imputación se sustenta en el relato del estudiante y en el certificado médico legal. En ese contexto, señaló que la eventual falta de recuperación del objeto no impediría, por sí sola, evaluar los demás elementos incorporados a la investigación.
Por otro lado, el letrado indicó que el juzgado no habría dispuesto, por el momento, una reconstrucción de los hechos para evitar una posible revictimización del escolar. En cambio, las declaraciones testimoniales permitirían contrastar las versiones y precisar aspectos que aún no han sido esclarecidos.
La Fiscalía deberá evaluar los elementos reunidos y determinar las responsabilidades que correspondan, conforme avance la investigación.
Mientras tanto, los seis adolescentes investigados permanecen bajo internamiento preventivo por cuatro meses, medida dispuesta por el Poder Judicial.






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