Declaran en emergencia Lima y Callao por 60 días: PNP y FF. AA. reforzarán operativos contra el crimen organizado

Lima Metropolitana y el Callao permanecerán en Estado de Emergencia durante 60 días, según el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM publicado en el diario oficial El Peruano. La disposición del Gobierno establece nuevas medidas de seguridad para enfrentar el crimen organizado, la violencia y otras situaciones que afectan el orden interno.

La declaratoria contempla una intervención coordinada entre la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, con acciones focalizadas en los sectores considerados críticos. La identificación de estas zonas estará sustentada en información de inteligencia, mapas del delito, estadísticas e indicadores utilizados por las autoridades.

PNP, FF. AA. y Serenazgo ejecutarán operativos en zonas críticas de Lima y Callao

El despliegue durante el estado de emergencia incluirá patrullajes permanentes y disuasivos, control territorial, rastrillajes y operativos de control de identidad. La PNP mantendrá a su cargo el orden interno y contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas para las intervenciones previstas en la norma.

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La estrategia también contempla acciones específicas frente a actividades vinculadas con el mercado ilegal. Entre ellas figuran controles sobre armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, además de fiscalizaciones dirigidas a espacios donde se comercialicen drogas, armas, autopartes, tarjetas SIM y teléfonos celulares de procedencia dudosa.

Estado de emergencia incluye medidas de inteligencia, control penitenciario y recompensas

Para organizar las acciones, el decreto dispone la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), bajo la conducción del comandante general de la PNP. A esta instancia se sumarán comités especializados en coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de distintas entidades estatales.

El plan incorpora herramientas tecnológicas como drones, sistemas de videovigilancia e imágenes satelitales, junto con el intercambio de información policial, penitenciaria y financiera. También se reforzará el control de las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios y se contemplan medidas para agilizar la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial. Paralelamente, se intensificará la difusión del sistema de recompensas para facilitar la ubicación de requisitoriados y personas vinculadas con organizaciones criminales, extorsiones y sicariato.

La medida también permite restringir o suspender, dentro de los términos constitucionales, derechos relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.