
La violencia letal mantiene una tendencia ascendente en Piura y tiene un componente cada vez más marcado: el uso de armas de fuego. Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2026, la región registró 105 homicidios, de los cuales 82 fueron ocasionados por proyectiles de arma de fuego (PAF). Esto significa que el 78,1% de las muertes violentas contabilizadas en lo que va del año estuvo relacionado con disparos, según los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).
La proporción de homicidios cometidos con armas de fuego es la más alta de la serie analizada desde 2017. Además, los 105 casos representan el 69,5% de los 151 homicidios registrados durante todo 2025, año que mantiene el máximo anual de la serie.
Cifra de homicidios en Piura desde el 2017 hasta la actualidad, según Sinadef.
La comparación a igual periodo evidencia que la violencia continúa aumentando. Al 14 de septiembre de 2025 se habían registrado 93 homicidios, frente a los 105 contabilizados en el mismo tramo de 2026. Son 12 casos adicionales, un incremento de 12,9%, cuando todavía faltan más de tres meses para terminar el año.
El aumento también se observa en los homicidios cometidos con armas de fuego. Los 82 casos registrados hasta septiembre superan los 68 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. La participación de las PAF pasó así de 70,9% a 78,1%.
Durante la primera semana de septiembre, el predominio de las armas de fuego fue absoluto: entre el 2 y el 8 de ese mes se registraron 12 homicidios en Piura y, según información revisada por el analista de datos, Juan Carbajal, todos fueron ocasionados por proyectiles de arma de fuego. Las estadísticas permiten dimensionar el crecimiento de la violencia, pero no determinan por sí mismas el móvil de los asesinatos ni permiten atribuirlos automáticamente al sicariato o al crimen organizado.
El principal foco de esta violencia se encuentra en Sullana. La provincia registra 48 homicidios hasta el 14 de septiembre, 19 más que los 29 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. El incremento alcanza el 65,5%.
Sullana registra el mayor número de homicidios en Piura
Los 48 casos representan el 45,7% de todos los homicidios registrados en Piura y equivalen al 88,9% de los 54 asesinatos contabilizados durante todo 2025. Es decir, Sullana está a solo seis casos de igualar su registro anual anterior cuando aún quedan más de tres meses para cerrar 2026.
La diferencia también se observa en el uso de armas de fuego. De los 48 homicidios de este año, 43 fueron ocasionados por PAF, lo que representa el 89,6%. Durante el mismo periodo de 2025 se habían registrado 26 muertes de este tipo.
Después de Sullana, la provincia de Piura acumula 34 homicidios; Talara, 10; Paita, seis; Ayabaca, tres; Morropón, dos; y Huancabamba y Sechura, una cada una.
Para el coronel Máximo Vargas Hugo, exjefe de la Región Policial de Piura, el escenario no puede analizarse únicamente desde el número de asesinatos. En entrevista con La República, sostuvo que el crecimiento de la criminalidad está relacionado con la disputa por actividades económicas ilegales y el control territorial.
"Las organizaciones criminales establecidas en esos lugares quieren tener el control territorial y la hegemonía de sus actividades. Justamente ahí, en la pugna por tener ese control, se ajustan, se aniquilan entre organizaciones criminales", afirmó.
Vargas mencionó entre las actividades que, según su apreciación, generan interés criminal en la región a la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Sobre Sullana, señaló que su actividad económica la convierte en un espacio atractivo para organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
"Sullana es una provincia donde hay una actividad económica muy significativa y las organizaciones criminales buscan esos lugares justamente para desarrollar sus actividades ilícitas", explicó.
El exjefe policial también advirtió sobre la influencia que podrían tener las organizaciones criminales que operan en Ecuador debido a la vulnerabilidad de la frontera norte. Mencionó a Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, además del Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.
Estas referencias corresponden a la apreciación de Vargas y no acreditan, por sí mismas, que dichas organizaciones estén detrás de los homicidios registrados en Piura. El propio exjefe policial señaló que corresponde a las investigaciones determinar las rutas y redes utilizadas para el ingreso de armas. "Es lógico suponer que estas armas vengan por la frontera con el Ecuador", sostuvo.
Vargas considera que el sicariato constituye una de las manifestaciones más visibles de la criminalidad en Piura, pero sostiene que algunos homicidios pueden estar precedidos por casos de extorsión. "Un hecho de sicariato es el resultado de una extorsión fallida", afirmó.
Según explicó, las amenazas económicas pueden derivar en ataques cuando las víctimas no cumplen con las exigencias de las organizaciones criminales. También señaló que existe una cifra oculta de extorsiones debido a que muchas personas no denuncian por temor a represalias.
Durante la entrevista, Vargas mencionó que en 2025 Piura registró más de 2.400 denuncias por extorsión. Sin embargo, esta cifra y su interpretación deben diferenciarse de los registros de homicidios: SINADEF establece la causa de muerte, pero no determina el móvil criminal de cada asesinato.
El exjefe policial también puso el foco en la capacidad de respuesta de las instituciones. Según Vargas, la Policía de Piura enfrenta una carencia de recursos, tecnología y equipamiento que limita su capacidad para enfrentar a organizaciones criminales.
"La Policía no tiene una tecnología de punta. Ahorita en Piura no hay una región policial moderna con tecnología, con recursos", afirmó.
Entre las herramientas que, según sostuvo, hacen falta están drones, sistemas modernos de comunicación, equipos electrónicos y plataformas tecnológicas. "La Policía debe tener drones, debe tener accesos, equipos electrónicos, plataformas de software y un sinnúmero de cosas que le den el potencial que necesita para enfrentar con éxito al crimen organizado", señaló.
Su cuestionamiento llegó a una acusación directa de abandono estatal. Consultado sobre si la Policía se encuentra actualmente en esa situación, respondió: "Exactamente. La Policía está huérfana, la Policía no tiene los recursos".
Para Vargas, esta debilidad es aprovechada por las organizaciones criminales. "Eso lo saben muy bien las organizaciones criminales y, de hecho, actúan con mayor impunidad, porque saben que la Policía no va a responder, digamos, en la medida que esperamos", manifestó.
El exjefe policial extendió sus cuestionamientos al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sostuvo que las instituciones encargadas de combatir el delito atraviesan problemas de recursos y coordinación.
"Estas instituciones también están en una crisis terrible, no tienen los medios, los recursos. (...) Hay una descoordinación total", afirmó. También cuestionó la existencia de corrupción en las instituciones encargadas de enfrentar la criminalidad: "Así como hay policías corruptos, hay fiscales corruptos y hay jueces corruptos".
Los registros disponibles muestran una escalada de la violencia letal en Piura, con un incremento de los homicidios frente al mismo periodo de 2025 y una participación de las armas de fuego que alcanza su mayor proporción dentro de la serie analizada.
Sullana concentra buena parte de esta problemática y presenta, además, una presencia todavía mayor de armas de fuego entre sus homicidios. Sin embargo, las cifras no explican por sí solas quiénes están detrás de los asesinatos ni cuáles son sus móviles.
Ese vacío es precisamente uno de los principales desafíos para las autoridades: determinar si detrás de esta violencia existen disputas entre organizaciones, extorsiones, mercados ilegales, conflictos personales u otras causas.
Mientras las investigaciones deben esclarecer esas conexiones, Vargas plantea una preocupación adicional: la capacidad del propio Estado para responder. Su denuncia de falta de recursos y de abandono de la Policía introduce otra dimensión en el problema de seguridad de Piura: no solo aumenta la violencia, sino que, según el exjefe policial, las instituciones encargadas de enfrentarla no cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo.





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