
La violencia homicida contra adolescentes alcanzó en 2026 un nivel que ya supera todo lo registrado durante 2024. Entre el 1 de enero y el 12 de septiembre, el SINADEF contabiliza 72 adolescentes asesinados en el país, de acuerdo con el análisis realizado por el especialista en datos Juan Carbajal.
El acumulado supera los 62 homicidios registrados durante todo 2024. También se acerca a los 88 casos de todo 2025: con poco más de ocho meses transcurridos, 2026 ya concentra más del 80% de los asesinatos de adolescentes contabilizados durante los 12 meses del año pasado. La comparación resulta más significativa al considerar que 2026 todavía no termina. Si la tendencia se mantiene durante los últimos meses del año, el registro podría superar el máximo de los últimos dos años.
El principal mecanismo registrado son los proyectiles de arma de fuego. De los 72 adolescentes asesinados hasta el 12 de septiembre, 50 murieron por PAF, es decir, cerca de siete de cada diez casos.
La cifra ya es mayor que la registrada durante el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 46 homicidios de adolescentes por proyectiles de arma de fuego. Esto significa que, incluso antes de concluir el tercer trimestre, 2026 ya registra cuatro muertes por PAF más que en el mismo tramo del año anterior.
El análisis de Carbajal permite observar esta evolución no solo mediante los acumulados anuales, sino también según los días transcurridos de cada año. Esta comparación permite medir el comportamiento de 2026 frente a los años anteriores en un mismo punto del calendario, sin comparar un año todavía incompleto con registros anuales cerrados.
La serie histórica desde 2017 muestra, además, la evolución de los homicidios de adolescentes mes a mes. El desglose por agente causal permite identificar cuánto de este acumulado corresponde a armas de fuego y cómo ha variado este mecanismo frente a otros tipos de violencia.
Además, los 13 casos actualmente clasificados como “ignorados” muestran que el número de adolescentes muertos por PAF podría ser todavía mayor. En medio de una crisis de seguridad marcada por el incremento de homicidios y la expansión de la violencia armada, estas cifras muestran que los adolescentes también están quedando atrapados en un escenario cada vez más letal.
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Los adolescentes no aparecen únicamente como víctimas en el avance de la violencia criminal. También son incorporados por organizaciones delictivas para cumplir distintas funciones.
El psiquiatra Carlos Bromley explicó que las bandas de adultos pueden aprovechar las necesidades económicas y afectivas de los menores para incorporarlos progresivamente a sus estructuras. La pertenencia al grupo puede generar en los adolescentes una sensación de aceptación que facilita su captación y posterior participación en actividades ilícitas.
Los menores pueden ser utilizados para robos, extorsiones, traslado de armas, colocación de explosivos y ataques contra otras personas. Al mismo tiempo, quedan expuestos a disputas entre organizaciones y al uso de armas de fuego.
En Trujillo, por ejemplo, la Policía ha intervenido a adolescentes presuntamente vinculados con organizaciones como Los Pulpos. Entre los casos reportados figura un menor de 14 años intervenido mientras llevaba uniforme escolar. En el Callao, un adolescente de 17 años habría sido captado por integrantes de Los Injertos para participar en un robo de oro ocurrido en la Costa Verde. En otra intervención, un adolescente aseguró que tenía cinco armas de fuego.
La utilización de menores también resulta atractiva para las organizaciones porque están sometidos a un régimen de responsabilidad penal distinto al de los adultos. Pero esa incorporación no los mantiene al margen de la violencia: los coloca directamente en escenarios donde pueden resultar heridos o morir.
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Los asesinatos de adolescentes forman parte de un escenario nacional más amplio. Entre el 28 de julio y el 11 de septiembre, durante los primeros 46 días del Gobierno de Keiko Fujimori, SINADEF registra 248 homicidios en el país. De ese total, 181 fueron causados por proyectiles de arma de fuego, equivalentes al 73%. Otros 67 corresponden a diferentes mecanismos.
Además, durante ese mismo periodo hay 28 muertes violentas clasificadas como “ignoradas”. Estos registros pueden modificarse conforme se actualice la información de SINADEF. El escenario se mantiene mientras Lima Metropolitana y el Callao acumulan ocho prórrogas del estado de emergencia desde la declaratoria inicial del 21 de octubre de 2025. La última extensión rige del 28 de agosto al 26 de octubre de 2026.





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