
La decisión del Ejecutivo de permitir reducciones de hasta 90% en determinadas multas de tránsito y transporte ha generado cuestionamientos en el Congreso. El diputado Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, calificó la medida como “un premio a los infractores” y advirtió que puede terminar debilitando el carácter disuasivo de las sanciones.
La preocupación del legislador cobra relevancia frente al volumen de infracciones registradas en Lima. De acuerdo con información del Portal de Datos Abiertos del SAT de Lima, entre enero y junio de 2026 —dos meses antes de la nueva disposición del Ejecutivo— se registraron 496.156 multas por infracciones de tránsito, por un monto total de S/201,9 millones.
Del total de sanciones, 346.444 fueron pagadas, equivalente al 69,8%. Estas multas representaban un monto emitido de S/112,07 millones. Sin embargo, durante ese periodo se aplicaron descuentos por S/81,28 millones, equivalentes al 72,5% del monto emitido de las sanciones que fueron pagadas. Finalmente, el pago efectivo alcanzó los S/30,78 millones. Estos descuentos corresponden a los mecanismos que ya estaban vigentes durante el primer semestre y no al régimen excepcional de hasta 90% aprobado por el Ejecutivo en agosto.
Los datos del SAT muestran que el comportamiento también varía según el nivel de gravedad de las infracciones.
En el caso de las multas graves, se registraron 117.342 sanciones, valorizadas en S/55,8 millones. De ellas, 80.047 fueron pagadas, es decir, el 68,2%.
Estas sanciones representaban S/36,97 millones al momento del pago, pero se aplicaron descuentos por S/28,5 millones, equivalentes al 77,1%. Finalmente, se cancelaron S/8,46 millones, apenas el 22,9% del monto emitido.
Las infracciones leves constituyen el grupo más numeroso: 348.558 multas, por un valor de S/91,63 millones. De ellas, 256.510 fueron pagadas, equivalente al 73,6%.
El monto emitido por las multas leves pagadas fue de S/65,69 millones, aunque se aplicaron descuentos por S/50,78 millones. El pago efectivo terminó siendo de S/14,90 millones, el 22,7% del monto originalmente emitido.
En las infracciones muy graves, el panorama es diferente. Se registraron 30.256 multas, valorizadas en S/54,46 millones, pero solo 9.887 fueron pagadas, equivalente al 32,7%.
En este grupo, el monto emitido por las multas canceladas llegó a S/9,40 millones. Los descuentos alcanzaron S/1,99 millones, mientras que el pago efectivo fue de S/7,41 millones, equivalente al 78,8% del monto emitido.
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Para Quispe Candia, la reducción de multas resulta problemática porque puede generar la expectativa de que las sanciones serán posteriormente condonadas o reducidas.
El diputado sostuvo que la medida beneficia a quienes incumplieron las normas y podría convertirse en un incentivo para reincidir. También señaló que quienes pagaron oportunamente sus papeletas no reciben un beneficio frente a quienes decidieron no cumplir con sus obligaciones.
El legislador consideró, además, que la reducción de multas no solucionará problemas estructurales como la congestión vehicular, los accidentes de tránsito o la inseguridad que afecta al transporte público.
A su juicio, se trata de una decisión política orientada a acercar al Gobierno con el sector transporte. No obstante, valoró que algunas infracciones muy graves hayan sido excluidas del beneficio, entre ellas las relacionadas con conducir en estado de ebriedad y manejar sin licencia.
El cuestionamiento del diputado no se limita a los descuentos. Quispe Candia también planteó modificar el sistema mediante el cual los conductores pueden impugnar las papeletas.
Según explicó, existen casos en los que los infractores utilizan los procedimientos administrativos para prolongar los procesos y evitar el pago, pero también situaciones en las que policías o inspectores pueden imponer sanciones de manera incorrecta o sin que la infracción esté debidamente acreditada.
Por ello, anunció que desde la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes se trabaja en una propuesta para crear juzgados administrativos especializados en tránsito.
La idea es que los conductores puedan recurrir ante una instancia independiente que evalúe tanto sus argumentos como la actuación del policía o inspector que impuso la papeleta. Quispe Candia sostiene que este mecanismo permitiría garantizar el debido proceso sin dejar de sancionar a quienes efectivamente incumplen las normas.
En paralelo, el legislador informó que su comisión buscará reunirse con el ministro de Transportes, Rafael Rey, para conocer los alcances del régimen excepcional de reducción de multas. Según indicó, el objetivo inicial será dialogar con el Ejecutivo y formular observaciones sobre la medida.
Por ahora, descartó promover una interpelación contra el titular del MTC por este tema y afirmó que su bancada mantiene una posición de oposición responsable.
El debate se produce así en un contexto en el que Lima registró casi medio millón de multas de tránsito en solo seis meses. Los datos del SAT muestran que, antes de la aprobación del nuevo régimen excepcional del Ejecutivo, los mecanismos de descuento ya habían reducido en S/81,28 millones el monto emitido de las multas pagadas durante el primer semestre.
La nueva medida, que permite reducciones de hasta 90% en determinadas infracciones, se suma ahora a este escenario y es cuestionada por Quispe Candia por considerar que podría desincentivar el cumplimiento oportuno de las sanciones.





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