Entre el crimen organizado y la deuda con la Amazonía: los desafíos ambientales del próximo gobierno

“Nuestras vidas están condenadas a la muerte”. Para Olivia Bisa Tirko, lideresa del pueblo chapra del Datem del Marañón, esa frase resume más de cinco décadas de explotación petrolera en la Amazonía peruana. Mientras el país se prepara para un nuevo gobierno, asegura que las comunidades indígenas no esperan más promesas, sino la reparación de los daños acumulados.

“Nos hablan de reactivar la economía, pero ¿de dónde va a salir esa recuperación? ¿Sacrificando otra vez a los pueblos indígenas? Tenemos metales pesados en la sangre, sitios contaminados, personas con cáncer y niños que nacen con problemas de salud. Yo no veo desarrollo; veo gente muriéndose”, afirma.

Su testimonio refleja una agenda que el próximo gobierno heredará desde el primer día: minería ilegal, tala clandestina, contaminación por hidrocarburos, deforestación, cambio climático y conflictos socioambientales.

A ello se suman demandas como modificar la Ley 31973, conocida por colectivos como la 'ley antiforestal'; revisar la Ley 32293 por su posible impacto sobre la titulación de comunidades indígenas; atender las advertencias de comunidades asháninkas sobre un proyecto que pondría en riesgo la cuenca del río Ene; y acelerar la remediación de decenas de sitios contaminados por hidrocarburos en Loreto mediante la aprobación del Proyecto de Ley N.° 13084.

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Las propuestas y las dudas

El plan de gobierno de Fuerza Popular propone un programa de cero deforestación ilegal con monitoreo satelital, un Fondo Verde Amazónico, un registro nacional de pasivos ambientales, monitoreo ambiental en tiempo real e incentivos para la economía circular.

También plantea fortalecer la trazabilidad del oro mediante el Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), digitalizar trámites mineros y combatir la minería ilegal con acciones coordinadas entre la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Sunat.

Para Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental, el principal problema es que la política ambiental aparece subordinada al crecimiento económico. “La cuestión ambiental está ubicada dentro del eje económico y no constituye un pilar propio del plan de gobierno. En un país megadiverso como el Perú, la agenda ambiental y climática debería ser un componente estratégico del desarrollo”, sostiene el exfuncionario.

Advierte que agilizar inversiones no debe implicar reducir estándares ambientales y que metas como disminuir la deforestación requieren una hoja de ruta concreta. “No basta con plantearlas; hay que explicar cómo se van a cumplir”.

Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el abogado Felipe Tapia sostiene que las propuestas de Fuerza Popular deben contrastarse con el historial legislativo del partido. Recuerda que la bancada respaldó la modificación de la cuestionada Ley Forestal, parcialmente declarada inconstitucional por el TC. “El antecedente no es nada positivo. Habrá que ver es si realmente sus propuestas se cumplen”, señala.

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Instituciones y minería ilegal

Para Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el mayor reto será recuperar la capacidad del Estado. “La minería ilegal, la deforestación o el cambio climático ya no pueden verse únicamente como problemas ambientales. Hoy son problemas de seguridad, de salud pública, de competitividad y de gobernanza”, afirma.

Considera que el Ministerio del Ambiente, el OEFA y el Senace deben fortalecerse y que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe dejar de prorrogarse. “Lo primero que debería hacer el próximo gobierno es dejar de extender indefinidamente el Reinfo. Fue concebido como un régimen transitorio y terminó convirtiéndose en un escenario de impunidad”, advierte.

El abogado ambiental César Ipenza coincide en que la formalización minera debe fortalecerse, pero cuestiona que el plan no incluya el control de las plantas de beneficio, “que en muchos casos se han convertido en un mecanismo para introducir oro ilegal al mercado formal”. También sostiene que la Amazonía debe dejar de verse solo como un territorio de extracción y reconocerse por los servicios ecosistémicos que brinda.

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La deuda con la Amazonía

Mientras especialistas discuten reformas, Olivia Bisa insiste en que la prioridad sigue siendo reparar los daños. “Dicen que habrá desarrollo, pero nosotros llevamos más de cinco décadas de explotación petrolera y no vemos ese desarrollo. Lo que vemos son ríos contaminados, personas con cáncer y niños que nacen con problemas de salud”, afirma.

“Estamos cansados del doble discurso. Mientras el Perú participa en cumbres internacionales hablando de proteger la Amazonía, aquí se aprueban leyes que favorecen la deforestación o debilitan los derechos de las comunidades”, agrega.

Castro considera que el Congreso deberá revisar las normas que favorecieron las economías ilegales, mientras que Calle sostiene que el desafío ya no pasa únicamente por aprobar nuevas leyes, sino por hacerlas cumplir. Desde Aidesep, advierten que la respuesta frente al crimen organizado debe construirse de manera coordinada con las organizaciones indígenas, cuyos miembros son los primeros en enfrentar amenazas y ataques por defender sus territorios.

Los especialistas coinciden en que las prioridades del próximo gobierno serán cerrar el Reinfo, fortalecer la institucionalidad ambiental, consolidar la trazabilidad del oro, acelerar la remediación de pasivos ambientales, proteger a los defensores ambientales y avanzar en la titulación de comunidades indígenas.

Desde el Datem del Marañón, Olivia Bisa resume un reclamo desesperado. “Si realmente quiere reparar el Perú, que empiece reparando el ambiente y los derechos humanos. Si queremos recuperar el país, primero recuperemos la dignidad de las personas y el derecho a vivir en un ambiente sano. La tierra también necesita sanar”.