Condenan a comandante de la PNP por exigir S/100 para filtrar las ‘fijas’ de examen policial en Huancavelica

El Poder Judicial condenó a cinco años de prisión suspendida al comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) en situación de retiro Jorge Sánchez por filtrar, en octubre del 2020, el banco de preguntas resuelto de un examen de suficiencia profesional a cambio de pagos ilícitos.

Según la investigación fiscal, el uniformado exigió, a través de una intermediaria, S/100 a cambio de entregar las interrogantes 'fijas’ de la prueba mediante grupos de WhatsApp, cuando se desempeñaba como director de la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional (ESSTP) PNP de Huancavelica. El delito que se le imputó fue cohecho pasivo propio.

Las pruebas del caso

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica (Segundo Despacho) presentó durante el proceso informes de análisis digital forense que recuperaron mensajes de audio en los que se mencionaba explícitamente que el exdirector requería un monto económico por el apoyo en la evaluación.

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Asimismo, el fiscal adjunto provincial Christian Henry, a cargo del caso, consiguió los reportes bancarios que confirmaron los depósitos que seis suboficiales realizaron para acceder a este beneficio ilícito, así como el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, hallado en poder de la facilitadora durante la intervención realizada al inicio de la investigación.

Apuntes sobre la sentencia final

La pena contra el exjefe policial es de cinco años de prisión suspendida, pero incluye un periodo de prueba de tres años, bajo reglas de conducta. Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cualquier cargo público.

En tanto, los seis suboficiales de la PNP que pagaron para obtener el material y asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta recibieron cuatro años de prisión suspendida. Se trata de Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares. Los siete condenados deberán pagar en conjunto una reparación civil de S/40.000 a favor del Estado peruano.

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