Gobierno reconoce que 21,6 millones de peruanos consumen agua de calidad insuficiente

Cerca de seis de cada diez peruanos aún carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, una situación que expone a millones de personas a mayores riesgos para la salud y refleja las profundas brechas que persisten entre las zonas urbanas y rurales. En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 (PNMAPS 2050), oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 010-2026-VIVIENDA y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El diagnóstico que sustenta esta política identifica a 21,6 millones de personas que consumen agua en condiciones no óptimas y plantea una hoja de ruta para ampliar el acceso a servicios seguros de agua y saneamiento para los más de 34 millones de habitantes del Perú.

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Solo 37,6% de peruanos accede a agua potable gestionada de manera segura

El diagnóstico contenido en la política nacional revela que apenas el 37,6% de la población cuenta con acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. En términos absolutos, esto equivale a aproximadamente 12,4 millones de personas. En contraste, el 62,5% de los peruanos no accede a este tipo de servicio, lo que evidencia la magnitud del problema que busca atender la nueva política pública.

La situación resulta aún más crítica en materia de saneamiento. De acuerdo con la información oficial, solo el 33,6% de la población accede a servicios de saneamiento gestionados de manera segura, mientras que el 66,4% permanece afectado por esta brecha.

El Gobierno identifica este limitado acceso como un problema público que repercute directamente en la salud, el desarrollo infantil, la productividad económica y la conservación de los ecosistemas.

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Brecha entre el campo y la ciudad

La nueva política identifica al ámbito rural como el más afectado por esta problemática. Según datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) de 2024, apenas el 4% de la población rural accede a agua potable gestionada de manera segura. En las ciudades, aunque la situación es mejor, la cobertura alcanza solo al 45,7% de la población.

La diferencia también aparece en los servicios de saneamiento. Mientras el 42,7% de los habitantes de zonas urbanas cuenta con saneamiento gestionado de manera segura, en el ámbito rural la cifra se reduce a 10,3%.

El documento atribuye estas brechas a factores como la dispersión de las viviendas, las dificultades geográficas y las limitaciones para llevar infraestructura a localidades alejadas, especialmente en áreas rurales dispersas.

Metas al 2050 para cerrar brechas

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 establece objetivos orientados a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios.

Entre sus principales metas figuran elevar el acceso a agua potable gestionada de manera segura del actual 20,7% al 70,5% hacia el año 2050. Asimismo, plantea incrementar el acceso a saneamiento gestionado de manera segura de 34,7% a 70,2%.

La estrategia también busca aumentar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1% al 76,8%, con el fin de reducir riesgos sanitarios y ambientales.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, sostuvo que la política permitirá mejorar la calidad de vida de millones de personas mediante servicios básicos dignos y confiables.

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Impacto en salud, economía y desarrollo

El decreto señala que la falta de acceso seguro al agua potable y al saneamiento contribuye a una alta prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA), las cuales afectan especialmente a la población infantil y limitan el desarrollo temprano.

Además, el documento advierte que estas carencias generan pérdidas económicas asociadas a una menor productividad laboral y contribuyen al deterioro de los servicios ecosistémicos, factores que profundizan la exclusión social y la pobreza multidimensional.

Una política obligatoria para todo el Estado

La nueva política será de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno y para los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.

Su implementación estará a cargo de las entidades públicas competentes y se financiará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

El Ministerio de Vivienda liderará el seguimiento y la evaluación de los avances, además de coordinar la adecuación progresiva de planes, programas e instrumentos sectoriales para cumplir las metas trazadas hasta el 2050.

Con esta política, el Gobierno busca revertir una situación que todavía afecta a más de seis de cada 10 peruanos y mantiene amplias diferencias entre las zonas urbanas y rurales en el acceso a servicios básicos esenciales.