Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar empresas de transporte en VMT

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra ocho presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar a empresas de transporte público y de buscar tener el control territorial en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). La medida se aprobó tras la solicitud del Ministerio Público, que los investiga por el presunto delito de extorsión agravada.

Según la tesis fiscal, los imputados habrían exigido pagos periódicos —presentados como “cuotas de seguridad”— a transportistas de Lima Sur para permitir la continuidad del servicio y evitar atentados contra conductores y unidades. El caso se enmarca en la creciente problemática de extorsiones que afecta al transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao.

Los presuntos extorsionadores fueron identificados como Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez. Todos seguirán la investigación en su contra en los penales que se les designe.

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Investigados habrían extorsionado a transportistas desde 2024, según Fiscalía

La Fiscalía sostiene que los primeros actos extorsivos datan de septiembre de 2024 y fueron en contra de una empresa de transporte a la que se le exigió pagos semanales de S/2.500 para no atentar contra la vida e integridad de los conductores y permitir la operatividad del servicio.

Asimismo, la investigación apunta a Erick Llufire Oré (30) como el presunto cabecilla de la organización criminal. Según el Ministerio Público, impartía órdenes desde el centro penitenciario de Aucallama, en Huaral, donde permanece recluido.

A partir de esta persona, existía un orden jerárquico y de poder en el cobro sistemático de cupos extorsivos, que eran recepcionados a través de cuentas bancarias de distintos integrantes de la organización criminal o de sus familiares directos.

La autoridad exhortó a la población a no prestar, alquilar o ceder sus cuentas digitales personales, como correos electrónicos, redes sociales, billeteras electrónicas o accesos bancarios, debido a que ello puede facilitar la comisión de graves delitos, como fraude, lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada.

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