Condenados por crimen organizado en Perú podrían ser trasladados al extranjero para cumplir penas

El Congreso ha presentado un proyecto de ley que propone que las personas condenadas por delitos graves cumplan sus penas en centros penitenciarios ubicados en el extranjero. La iniciativa, impulsada por las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos, de la bancada de Renovación Popular, tiene como finalidad reforzar la seguridad ciudadana.

Se trata del proyecto de ley N.º 10760, titulado “Ley que dispone que los delincuentes extranjeros y nacionales cumplan sus penas en centros penitenciarios de otros países en el marco de la lucha contra el crimen organizado”. Esta propuesta busca que el Estado celebre convenios con naciones extranjeras, con el doble propósito de combatir el crimen transnacional y aliviar el hacinamiento en el sistema penitenciario nacional.

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¿Qué tipo de condenados podrían ser trasladados al extranjero para cumplir sus penas?

Según lo establecido en la propuesta legislativa, tanto ciudadanos extranjeros como nacionales que hayan sido condenados mediante sentencia firme por la comisión de delitos graves que atenten contra la seguridad del Estado, la tranquilidad pública o la convivencia pacífica, podrían ser trasladados a centros penitenciarios en el extranjero para cumplir sus condenas. Entre los delitos contemplados en el proyecto, de acuerdo con el Código Penal, se incluyen:

• Terrorismo
• Tráfico ilícito de drogas
• Organización criminal
• Extorsión agravada
• Sicariato
• Trata de personas
• Lavado de activos
• Cualquier otro delito cuya reiteración represente una amenaza para el sistema penitenciario, la seguridad nacional o el orden interno.

Además, la iniciativa señala que las personas sujetas a esta medida no podrán reingresar de forma permanente al territorio nacional, incluso después de haber cumplido la totalidad de su condena.

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¿Qué busca el proyecto de ley N.º 10760 que propone trasladar a condenados al extranjero?

El proyecto de ley N.º 10760 tiene como objetivo salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público, así como descongestionar el sistema penitenciario nacional mediante un uso más eficiente de los recursos públicos. Asimismo, busca impedir que los establecimientos penitenciarios continúen siendo utilizados como centros de operación del crimen organizado.

La iniciativa también apunta a fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, ya que los sentenciados serían trasladados al extranjero, priorizando aquellos países comprometidos con la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Para su implementación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales suscritos, con el apoyo del Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú, cada uno dentro de sus respectivas competencias. En caso de ser aprobada, esta norma requerirá que el Poder Ejecutivo elabore su reglamento en un plazo máximo de 90 días calendario.