Cae gobernador regional de San Martín por corrupción

El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, y otros funcionarios fueron detenidos por agentes de la Policía y del Ministerio Público en medio de una investigación por integrar una presunta organización criminal en dicha institución.

Según la carpeta fiscal, esta red es acusada de direccionar los procesos de selección por más de 300 millones de soles a empresas afines a los imputados. El gobernador, a quien llamaban ‘doctor’, habría dirigido esta organización criminal durante el periodo 2019-2022. Es más, había delegado a su hijo, Iván Antonio Bogarín Urmachea, para que dirija las actividades ilícitas.

Esta operación fue ejecutada por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la de la Dirección contra la Corrupción en San Martín, Arequipa, Loreto y Lima. Se allanaron 28 inmuebles y oficinas del Gobierno Regional de San Martín.

Bogarín padre fue intervenido en su vivienda de Moyobamba, donde se habría encontrado 50.000 soles; mientras que en Tarapoto se allanó la casa de su asesor Weninger Ceron Angulo. En tanto, en Lima fue detenido Bogarín hijo en un edificio residencial de Miraflores.

La Fiscalía informó que se detuvo en total a 10 de los 20 investigados, incluidos el gobernador y su hijo. En esa decena figuran los funcionarios César Panduro Ruiz (gerente de Infraestructura), Cayo Flores Maceda (jefe de la Oficina de Coordinaciones de Inversiones de Infraestructura) y José Aro Cotrina (inspector de obras).

Colaborador eficaz

Tras la detención de Pedro Bogarín, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción revelaron que el exgerente del Gobierno Regional de San Martín Jhon Alegría estaría brindando información como “colaborador eficaz”.

Alegría fue designado por el gobernador desde el inicio de su gestión como gerente territorial del Bajo Mayo; sin embargo, en diciembre del 2021, fue despedido por irregularidades.

Claves

Esta red criminal habría direccionado los procesos de selección convocados a cambio de coimas que podían ser equivalentes al 25% del monto adjudicado para obras, bienes o consultorías.

A los detenidos se les atribuyen los delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal y contra la administración pública-colusión agravada.