Arequipa: identifican a 13 víctimas de la masacre en Atico

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público dieron a conocer los nombres de 13 de las 14 víctimas fatales que dejaron los enfrentamientos entre mineros artesanales y grupos de hombres armados que habían sido contratados en medio de un conflicto por el control de la zona de extracción de oro en Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí.

“Todos los cuerpos tienen impactos de bala, unos de fusil otros de pistola y revólver. Lo peor que he visto en mi carrera”, dijo el fiscal provincial Wilfredo Sánchez Vera cuando se le pidió que describiera el ataque.

La mayoría de ellos fueron desplazados desde distintas zonas del país para “realizar un desalojo” y fueron contactados por un sujeto llamado ‘Popeye’. Así quedó demostrado durante la identificación de los primeros siete cadáveres hallados en la zona de Huanuquita.

La lista de víctimas

Se trata de Carlos Moisés Mendoza Ángulo (Ucayali), Alex Aurelio Castañeda Rivera (Caravelí), Milton Roberto Zelada Araujo (Lima), Jordy Diony Solorzano Rivas (Callao), Gilberto Romero Tocón (Pichanaki), Alain García Cabanillas (Callao), y Leonardo Lino Lara (Huaral).

De los otros siete cuerpos hallados en el lugar conocido como Catarata, dentro de la concesión minera Intigold Mining SA, seis ya están plenamente identificados.

Ellos son Luis Gabriel Gavino Collado (Huaura-Lima), José Antonio Domínguez Espinoza (Huaura), Anderzon Andrey Espinoza Villanueva (Huaura), Abel Ángel Solórzano Rosales (Huaura), Yosimar Agapito Yarasca Peña (Ica) y Juan Alberto Pintado Cruz (Callao). Aún permanece en la morgue un varón registrado como NN (no identificado).

Fueron contratados

La Fiscalía viene investigando la presunta existencia de una organización criminal que habría contratado a estas personas para desalojar de manera violenta a los mineros artesanales instalados en la zona.

Son tres los grupos en conflicto: Asociación Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa minera Intigold Mining SA, esta última investigada como presunta instigadora.

Aparte de las 14 personas fallecidas, los ataques dejaron como saldo 7 heridos y 31 detenidos, así como la incautación de armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, celulares, entre otros objetos. La fiscal provincial de crimen organizado de Arequipa, María Cabana Ocsa, continuaba ayer con las diligencias.

Vence plazo de detención

Hoy se cumplen los 10 días de detención preliminar de las 31 personas investigadas y se sabrá la situación jurídica que afrontarán, luego de la evaluación de las diligencias en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio, lesiones graves, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos.

“Se va a determinar si solicitamos prisión preventiva para los 31 detenidos o si, tras un análisis exhaustivo, solo requerimos una medida restrictiva para algunos. Esto va a depender de la evaluación de todo lo actuado”, dijo la representante del Ministerio Público.

Asimismo, se espera el resultado de las pruebas de absorción atómica y otros informes sobre las armas incautadas, muchas de ellas tenían autorización de la Sucamec.

“Esos resultados permitirán saber quiénes hicieron uso de armas de fuego. Se ha comprobado que los primeros siete cuerpos hallados tienen impactos de bala. Por eso evaluamos la posible imputación de cargos de homicidio calificado y uso de armas”, detalló la fiscal.

Esta masacre pudo haberse evitado si funcionarios públicos y policías hubieran actuado correctamente desde que se inició la investigación, el 2 de diciembre del 2020.

“Hay denuncias contra dos policías y otros funcionarios”

La máxima autoridad del Ministerio Público en Arequipa, Santiago Irigoyen Díaz, exhortó a la población de la zona a colaborar con las autoridades brindando sus testimonios y declaraciones, en calidad de testigos protegidos y/o colaboradores eficaces, para ayudar a esclarecer este caso y dar con los responsables de los violentos ataques.

“Hay denuncias independientes contra dos policías que intervinieron en el incidente en el 2020 y también habría responsabilidad en funcionarios públicos de la Gerencia de Energía y Minas de ese entonces, pero aún está en investigación”, dijo María Cabana Ocsa, a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. En las próximas horas podrían solicitar detención preventiva para algunos de los investigados.

Los fallecidos 2 de junio