Acusación. Gerente de Transportes de la Municipalidad de Arequipa, Ricardo Lira es acusado de ser juez y parte en líos con transportistas.,El gerente de Transportes del municipio de Arequipa, Ricardo Lira Torres, también está cuestionado. Una denuncia presentada por la empresaria del transporte, Kelly Camargo Concha, señala que este funcionario edil tiene un serio conflicto de intereses. Lira ha admitido que, en su condición de funcionario municipal, está buscando solucionar las controversias con las empresas ganadoras de rutas del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Una de esas empresas es MegaBus SA, de la cual Lira Torres fue directivo hasta el 17 de diciembre del 2018, según lo prueba una inscripción en Registros Públicos. PUEDES VER: Alcalde de Arequipa designó subgerente de Transportes que no cumple perfil El funcionario ha negado que esté buscando algún favorecimiento para su antiguo empleador. Añadió que él renunció en septiembre del 2018 y que ya no tiene vínculo alguno con MegaBus SA, aunque los documentos lo desmienten. El vínculo se rompió en diciembre. En la denuncia, se identifican los supuestos delitos de colusión y corrupción. Además, se incluye a otros funcionarios: Raúl Fernández y César Simborth, quienes son asesores de transporte en el municipio. En el documento, Camargo explica que los contratos de concesión de estas empresas se vienen renegociando y el trato es directo con cada empresa. Tras la firma, los ganadores asumieron obligaciones para iniciar este nuevo sistema de transporte, pero ha pasado un año y no se ve ninguna mejora. La suspicacia es qué trato tendrá Lira con su anterior empleador. El gerente de Transportes aceptó que fue quien instaló la mesa para la solución de controversias. Confirmó que hay trato directo con las concesionarias. Sin embargo, dijo que la negociación la hará directamente la OPD SITransportes y no la Gerencia de Transportes. PUEDES VER: Más problemas en designación de funcionarios de municipio de Arequipa Lira Torres también intentó justificar el que las empresas no cumplieran con sus obligaciones. "Todas las concesionarias resultaron afectadas indirectamente por las medidas cautelares que se presentaron contra los procesos de licitación del SIT. Generó incertidumbre para invertir”, indicó. Para ofrecer una solución, dice la denuncia, el alcalde provincial Omar Candia se reunió con las empresas y se “habría comprometido a favorecerlos y no exigirles sus obligaciones contractuales”. Existe un conflicto ético El especialista en derecho municipal, Edgad Lajo, indicó que no existe ningún impedimento para que un exgerente de empresas privadas sea designado como funcionario, pero acotó que en este caso sí se encuentra una falta ética. "Él debió abstenerse de aceptar el cargo si sabía que tendría que tratar temas que involucran a su exempleador. Solo eso es un argumento fuerte para pedir su cese de funciones".
