Fiscalía implica a 8 financistas de la campaña de Pedro Castillo
Los eslabones. Todos se beneficiaron, directa o indirectamente, con empresas de pantalla o mediante testaferros, con la adjudicación amañada de obras públicas o con adquisiciones, según la denuncia de la fiscal de la nación.
La Fiscalía de la Nación acreditó que 8 financistas de la campaña presidencial de Pedro Castillo se favorecieron directa o indirectamente mediante la adjudicación de obras públicas, por intermedio de los exministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) Geiner Alvarado López y de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas.
En algunos casos, los propios empresarios admitieron que hicieron aportes al candidato presidencial Castillo, especialmente durante la segunda vuelta, de acuerdo con la denuncia constitucional de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, que recoge las declaraciones de los implicados.
Los que aportaron a la campaña son el alcalde Nenil Medina Guerrero, Segundo Sánchez Sánchez, Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Fermín Silva Cayatopa, Zamir Villaverde García, Hugo Espino Lucana y Daniel Obregón Flores.
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La mayoría de los identificados son paisanos o amigos muy cercanos del jefe del Estado, lo que le permitió influir sobre este en la designación de funcionarios en el MVCS y el MTC, quienes luego facilitaron la adjudicación de obras públicas como compensación por el aporte a la campaña presidencial.
“He participado en la segunda vuelta electoral mediante el préstamo de una camioneta y viáticos”, reconoció Abel Cabrera, quien también aceptó que fue él quien recomendó al presidente Castillo la designación de Geiner Alvarado como titular del MVCS.
La Fiscalía de la Nación sospecha que Cabrera, para obtener adjudicaciones de obras públicas, usó como testaferros a sus exsocios Leyder Núñez Sigüeñas y Arnaldo Tapia Delgado, dueños de la constructora Lenus.
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Mediante el decreto de urgencia 102-2021 que firmaron el presidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado, Lenus ganó dos contratos por 6.5 millones de soles: uno en Pomahuaca (Jaén, Cajamarca) y otro en Cumba (Utcubamba, Amazonas). Está probado que Salatiel Marrufo, como jefe del gabinete de asesores del MVCS, presionó para financiar el proyecto en Cumba. Marrufo también hizo aportes a la campaña del presidente Castillo.
Además, el mencionado Leyder Núñez Sigüeñas es sobrino de Fermín Silva Cayatopa, quien ha confesado que por intermedio del ex secretario presidencial Bruno Pacheco le entregó 50 mil soles al jefe del Estado.
Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Foto: presidencia de la República
Supuestamente, el dinero fue en compensación por haber dispuesto que Hugo Chávez Arévalo fuera designado gerente general de Petroperú.
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“Apoyé en la segunda vuelta electoral, realizando apoyo estratégico, político y alquiler del local de Paseo Colón. Por la amistad que tengo con él (Pedro Castillo), le ofrecí en la primera vuelta de la campaña el tercer piso y una oficina en el segundo piso de una casa ubicada en el pasaje Sarratea”, admitió Segundo Sánchez.
A este empresario también se le atribuye haber usado testaferros para recuperar lo que invirtió en la campaña presidencial. La empresa Chemical, que obtuvo contratos con el Estado durante el gobierno de Castillo por 3.2 millones de soles, transfirió 549 mil soles a Segundo Sánchez. Chemical actuó solo como pantalla.
Daniel Obregón Flores, además de financista fue activista de la campaña presidencial de Pedro Castillo. El alcalde de Anguía, Nenil Medina, otorgó a la empresa de Obregón, Grupo Constructor Parasol, una obra de 19,5 millones de soles, sin licitación. El proyecto contaba con fondos transferidos por Provías Descentralizado, durante la gestión del prófugo exministro Juan Silva.
Además, la empresa Sedapal, entre cuyos directores se encontraba Salatiel Marrufo -otro de los aportantes a la campaña de Pedro Castillo-, concedió un proyecto de 102 millones de soles a la empresa de Daniel Obregón. Sin embargo, la adjudicación luego sería cancelada. Pero quedaron las huellas de los implicados.
A instancias del alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, el empresario Hugo Espino Lucana también aportó dinero a la campaña de Pedro Castillo, con el objetivo de recuperarlo mediante la asignación de una obra pública.
Efectivamente, en complicidad con el alcalde Medina, mediante una empresa de fachada, recibió un proyecto de 3 millones de soles. Y estaba en plenos trámites para conseguir otras dos obras más, en compensación por haber financiado la campaña del presidente Castillo.
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Lo mismo sucedió con Zamir Villaverde García, quien también sufragó los gastos de campaña del jefe del Estado. Villaverde se relacionó con el empresario Luis Pasapera Adrianzén, cuyos hermanos son dueños de la constructora Termirex.
Según la denuncia constitucional de la fiscal de la nación, Villaverde le pidió a Pasapera que le recomendara a algún profesional para ocuparse de un cargo importante en el MTC, para que garantizara la manipulación de las licitaciones de obras públicas. Pasapera le presentó a Alcides Villafuerte Vizcarra. El entonces ministro Juan Silva accedió y nombró primero asesor de Provías Descentralizado, la entidad que financió la obra adjudicada a Daniel Obregón.
Todos los personajes tienen algún tipo de vinculación en la trama de la repartija de obras públicas -Puente Tarata III, Petroperú y el Decreto de Urgencia 102-2021-, por eso la fiscal acumuló tres casos en uno solo contra el presidente Castillo.