Juan Carrasco busca evitar inhabilitación exprés del Congreso

El exministro Juan Carrasco juega sus cartas para evitar una eventual inhabilitación para ejercer la función pública a raíz del informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Sarratea. Según dijo a La República, dicha sanción por parte del Congreso perjudicaría sus aspiraciones al Gobierno Regional de Lambayeque.

Carrasco indicó que el referido informe “es abusivo y arbitrario” ya que “no hay ningún elemento de convicción” en su contra y que “en todas las audiencias que se han llevado a cabo se ha violentado el debido proceso, el tema de los plazos y derechos constitucionales y fundamentales”.

“Acá hay dos aristas. La primera: el tema legal constitucional, se están afectando derechos constitucionales. La segunda arista es el político. Ellos van camino a la inhabilitación de mi persona. Eso sería muy perjudicial porque yo estoy postulando al GORE de Lambayeque, estoy en carrera y con muy buena aceptación por acá en la región Lambayeque. Aspiran a cortarme ese derecho fundamental a ser elegido”, apuntó.

Por ello, busca que el informe del caso Sarratea sea archivado vía una acción de amparo del Poder Judicial. En el escrito presentado el 25 de julio, el exfiscal también pretende que el juzgado correspondiente declare la nulidad de todos los actos posteriores a la aprobación del documento.

Este último requerimiento también podría librar de una denuncia constitucional al presidente Pedro Castillo y otros exfuncionarios involucrados en las presuntas reuniones extraoficiales en Breña.

“Yo estoy exponiendo mi caso y si eso les beneficia a ellos ya dependerá del juez, porque el juez también puede solamente determinar respecto a mi caso”, explicó.

A pesar de las declaraciones contradictorias respecto a sus ingresos al domicilio en Sarratea, Carrasco asevera que “no he tenido ningún tema irregular menos ilícito con mi visita”.

“Yo siempre hablo por Juan Carrasco y cada quien responde por los hechos que haya cometido. Acudí a la casa porque no había atención en Palacio porque la Fiscalía había intervenido”, respondió cuando se le consultó si podía dar fe de que otras autoridades tampoco violaron la ley en dicha vivienda.

En paralelo al avance del informe Sarratea, el exministro Carrasco enfrenta una denuncia constitucional, por presuntamente aceptar ser ministro cuando aún mantenía un vínculo con la Fiscalía. Se le imputa la supuesta infracción a artículos de la Carta Magna, así como los delitos de aceptación ilegal del cargo y falsedad genérica.

Este lunes la subcomisión sesionará y tiene como uno de los puntos de agenda la audiencia del caso del exministro. No obstante, Carrasco envió un oficio donde pide que se designe a los nuevos integrantes para que estos sigan con el proceso.

“Me han citado prácticamente a condenarme e inhabilitarme. He presentado mi documento solicitando que se espere quienes van a ser los nuevos miembros de la subcomisión y ellos ya verán la sesión que me citen. Sin embargo, de manera arbitraria quieren que mañana (hoy) sea la siguiente audiencia y votar”, apuntó.

Ante un eventual informe acusatorio, que podría recomendar la inhabilitación de hasta por 10 años, Carrasco recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la pretensión de que la justicia supranacional frene el proceso parlamentario. Esto se podría dar mediante una exhortación o medida cautelar.

“La CIDH dice que una institución del Estado no puede ser utilizada para acabar con adversarios políticos. Eso lo habíamos visto en la época de Fujimori, pero en pleno siglo XXI no es procedente”, acotó.

Candidatura de Carrasco es declarada inadmisible

El JEE de Chiclayo declaró inadmisible la solicitud de inscripción de Juan Carrasco para el GORE Lambayeque el 29 de julio, por lo que se le otorgó a Juntos por el Perú dos días calendario para subsanar las observaciones.

En un inicio, el este JEE resolvió —sin dar plazo para correcciones— declarar improcedente la solicitud de Carrasco debido a que JP no habría cumplido con la paridad horizontal en las fórmulas regionales a nivel nacional. Se apeló dicho fallo.

El JNE declaró fundado el recurso, anuló la resolución impugnada y ordenó al referido JEE a conferir un plazo para precisar o subsanar observaciones previo a emitir pronunciamiento sobre la calificación de candidatos.