Alejandro Soto Reyes se salvó de una condena de 8 años y 8 meses por estafa y falsedad genérica, pero no así del pago de la reparación civil a la empresa que resultó afectada por la compra de un terreno a precio sobrevalorado y cuyo verdadero dueño era el mismo Soto.
La compañía Transportes Wayna Picchu demandó al juez cusqueño Carlos Román Gil que inicie juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que abone una reparación civil de S/323.829 por daños y perjuicios por dos hechos específicos:
a) S/287.829 por haber recomendado la adquisición de un predio por US$265.000, ocultando que él había comprado el terreno 8 meses antes por US$5.000 a la comunidad campesina de Ayarmaca, ubicada en el distrito de San Sebastián, Cusco.
b) S/36.558 por haber cobrado honorarios para elaborar los estatutos de la empresa y no haber cumplido con el compromiso.
Más cuestionado. Titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto, suma cuestionamientos que complican su futuro y salpica a la Mesa Directiva que encabeza, así como a sus aliados. Foto: Antonio Melgarejo / La República
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El abogado de Wayna Picchu, Darwin Urquizo Pereira, recordó al magistrado Carlos Román que, si bien el 26 de julio de este año archivó el caso contra Alejandro Soto por estafa y falsedad genérica, la reclamación de la reparación civil por parte del agraviado sigue su propio curso. No ha desaparecido.
Por lo que la defensa de la empresa solicitó al juez Román abrir juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que este proceda al pago de la reparación civil por S/323.029.
El defensor de Wayna Picchu también señaló al magistrado Carlos Román que en la misma resolución con la que archivó el caso contra Soto indica que este debe proceder al desembolso de la reparación civil. Esto es completamente cierto.
La resolución del juez Román dice: “Se deja a salvo el derecho del actor civil (Transportes Wayna Picchu), que de ver por conveniente recurra a otra vía extrapenal para reclamar la reparación civil, o caso contrario de persistir en esta vía, una vez que quede consentida y/o ejecutoriada esta resolución presente un escrito en el plazo de cinco días para que ponga en conocimiento que va a reclamar la reparación civil ofreciendo las pruebas correspondientes, y oportunamente se señalará fecha para juicio oral respecto a la reparación civil”. El magistrado Carlos Román todavía no consiente el fallo del 26 de julio que libró a Alejandro Soto de la denuncia fiscal por estafa y falsedad genérica, por lo que el pedido de Wayna Picchu para que se le pague la reparación civil se ajusta a la ley.
Una investigación de La República destapó que Alejandro Soto, aprovechando su condición de vocero de su partido, Alianza para el Progreso (APP), apoyó la ampliación de la agenda del Pleno del Congreso para que se apruebe el dictamen de un proyecto de ley que permitía la prescripción y el archivamiento de casos como el que enfrentaba el mismo Soto.
Luego de conseguir su propósito, el congresista de APP votó dos veces para que el proyecto obtuviera luz verde. Soto se acogió a la ley y el juez Carlos Román archivó su caso, según resolución del 24 de julio, dos días antes que el legislador asumiera la presidencia del Congreso.
Alejandro Soto respondió que no era verdad que recurrió a la Ley n° 31751 para que prescribiera la denuncia fiscal en su contra, por haber estafado a Transportes Wayna Picchu, la empresa donde trabajó como asesor legal.
Sin embargo, La República consiguió copia de la solicitud de Alejandro Soto, quien, por intermedio de su abogado Walter Pimentel Peralta, requirió al magistrado Carlos Román acogerse a la Ley n° 31751. El presidente del Congreso mintió.
En un intento por defenderlo, el líder del partido de Soto, César Acuña, señaló que este no tenía sentencias. Es cierto, pero no dijo que Soto promovió una ley a la que luego se acogió para sortear una condena de 8 años y 8 meses de prisión que solicitó la Fiscalía por estafa y falsedad genérica.
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Empapelado. La empresa Transportes Wayna Picchu entregó al juez copia de los cheques con los que le pagó US$265.000 a Alejandro Soto por un predio que le había costado US$5.000. Los cheques están fechados el 26.11.2012 y el 24.12.2012, y los cobró de inmediato.
Juez archivó caso contra Alejandro Soto, pero no así la reparación civil a favor de la empresa a la que embaucó.