Congreso en busca de los votos que logren inhabilitar a Zoraida Ávalos

Fue un error de lectura, pero uno que esconde un trasfondo. El jueves 25 iba a votarse el informe final de la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el Pleno. Sin embargo, un día antes el presidente del Congreso, José Williams, pospuso su deliberación. El argumento de Williams fue que el ponente de este caso, el fujimorista Ernesto Bustamante, había pedido licencia médica.

Sin embargo, el viernes 26, Bustamante participó de manera virtual en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Estaba apto para sustentar su expediente, y, de hecho, en la carta que le envió a Williams a mediados de esta semana, le recalcó que, a pesar de no asistir al hemiciclo, iba a poder exponer la denuncia contra la fiscal Ávalos de forma remota.

“Pido a usted se me otorgue la conectividad a través de los medios digitales para que, dentro de la medida de mis posibilidades, participe virtualmente en dichos plenos (del 24 y 25 de mayo)”, le escribió entonces Bustamante, quien el mismo jueves evaluó asistir al hemiciclo pese a su licencia.

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Para ese día, esta denuncia constitucional había generado revuelo porque dejaba en evidencia el interés de un sector del Congreso de tener injerencia en el sistema de justicia. Días antes habían elegido a un defensor del Pueblo cuestionado y habían lanzado ataques contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Y la JNJ, en tanto, había demandado al Parlamento reflexionar sobre la denuncia contra la fiscal Ávalos.

El congresista Bustamante, mediante su informe, pide que la fiscal Ávalos sea inhabilitada 5 años de la función pública por haber suspendido la investigación contra Pedro Castillo, cuando él ejercía la presidencia, por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y denuncias de corrupción en la licitación del Puente Tarata. Debido a ello, la acusan de infracción al artículo 159 de la Constitución.

La fiscal suprema ha calificado la imputación como un despropósito y asegura que sí investigó al exmandatario.

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De aprobarse el dictamen de Bustamante en el Pleno, Ávalos quedará fuera de la Junta de Fiscales Supremos. Pero para consumar esa maniobra las bancadas aliadas que impulsan esta acusación —Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular— requieren de los votos de la mayoría simple en el Pleno, restando a los integrantes de la Comisión Permanente.

“Los aliados que buscan acusar a Ávalos no la tienen fácil, no midieron el grado de respuesta, el pronunciamiento de la JNJ y esto los ha descolocado”, comenta el vocero de Cambio Democrático, Edgar Reymundo.

No tiene los votos

La decisión de Williams, según diversas fuentes parlamentarias, responde a que estos aliados aún no cuentan con los votos asegurados para aprobar el informe de Bustamante.

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La votación en el caso Los Niños permite ver cómo los bloques parlamentarios se reacomodan. El 18 de mayo, los acciopopulistas Raúl Doroteo, Jorge Flores, Elvis Vergara y Darwin Espinoza se salvaron de ser suspendidos, gracias a los votos de la izquierda —Perú Libre, Perú Democrático, Bloque Magisterial y Cambio Democrático— y de la mayoría en Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú.

De mantenerse sólido este bloque, la izquierda podría mandar al archivo la denuncia contra la fiscal Ávalos. El fujimorismo y sus aliados necesitan de los votos de Acción Popular, Podemos y Somos Perú para dar luz verde a la inhabilitación de la exfiscal de la Nación.

La próxima semana será imposible que se vote el caso de Ávalos porque los congresistas se irán de representación a sus regiones. El informe recién será deliberado después del lunes 5 de junio.

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Junio es un mes importante porque se consolidan las negociaciones por la Mesa Directiva. En diálogo con este diario, el acciopopulista Darwin Espinoza reconoce la posibilidad de que el mismo bloque de bancadas que archivó el caso Los Niños “pueda conformar uno fuerte para tener la Mesa Directiva”. “Las fechas se van acortando y nos obliga a llegar a consensos”, añadió.

Y, por eso, cada votación en el Pleno reflejará cómo se reacomodan las alianzas parlamentarias. El caso de Ávalos no será la excepción.

Quienes buscan destituir a la fiscal suprema están contra el reloj. El 22 de junio vence el plazo para que, en caso de que sea inhabilitada, pueda ser reemplazada en la Junta de Fiscales Supremos con un provisional que goce de la confianza de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y el 23 de junio vence la legislatura.

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El plazo de los posibles reemplazos

En junio del año pasado, los fiscales Juan Carlos Villena, Patricia Benavides y Delia Espinoza salieron victoriosos en el concurso de ascenso a fiscales supremos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Quienes quedaron como “candidatos en reserva” fueron Gianina Tapia, Frankin Tomy y Helder Terán.

Esa condición tiene una duración de un año y vence el 22 de junio. En caso de que el Congreso inhabilite a la fiscal Zoraida Ávalos, uno de los 3 “candidatos en reserva” reemplazará a Ávalos y eso cambiará la correlación de posturas en la Junta de Fiscales Supremos.