Perú: una democracia con rasgos de autoritarismo

La crisis política que generó el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la violenta represión a las protestas con decenas de muertos de la presidenta Dina Boluarte fueron determinantes para que Perú descienda de calificación en el índice global sobre democracia.

“Papúa Nueva Guinea y Perú han sido degradados de ‘democracias defectuosas’ a ‘regímenes híbridos’”, precisa el informe elaborado por The Economist.

El documento explica que en los gobiernos híbridos conviven algunos elementos de la democracia con rasgos de autoritarismo, como una tendencia a la corrupción generalizada, un Estado de derecho débil, así como acoso y presión a la prensa.

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El informe señala que el descenso de Perú fue producto de la inestabilidad que generó el intento de golpe de Castillo y la respuesta del Gobierno de la presidenta Boluarte a las protestas, que trajo consigo decenas de muertos e impuso el estado de emergencia. Sin embargo, acota que esto es el corolario de los últimos seis años de inestabilidad en los que hubo seis jefes de Estado y tres diferentes Congresos.

“Este legado pesará en la economía del Perú, así como en la calidad de su gobernabilidad y democracia, durante muchos años para venir”, finaliza.

Acciones de Torre Tagle

El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Briceño, informó a La República que la Cancillería viene trabajando activamente para preservar la imagen del Perú en el exterior y todas nuestras misiones tienen la instrucción de brindar información objetiva de lo que está sucediendo en el país desde que Castillo intentó dar un golpe de Estado.

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“En distintos foros internacionales, se ha transmitido el firme mensaje de compromiso con una transición democrática, ordenada y libre de corrupción, y de respeto a la protesta pacífica en pleno cumplimiento de nuestras obligaciones legales, constitucionales e internacionales”, agregó.

Indicó que han brindado información objetiva al cuerpo diplomático acreditado en Perú acerca de los acontecimientos de la actual coyuntura política nacional.

Recalcó que el Gobierno peruano lamenta profundamente las muertes ocurridas en las manifestaciones y los actos de violencia, y que se está brindando pleno apoyo al Ministerio Público para que se investiguen los hechos con total autonomía.

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Dos momentos

El analista internacional Óscar Vidarte refirió que la Cancillería ha pasado por dos momentos en esta crisis. El primero, cuando un grupo de países pretendió desconocer la legalidad de Boluarte, en el que supo mandar un mensaje adecuado de lo sucedido. Y el segundo momento, con las muertes durante las protestas, en el que su narrativa difiere de lo que informan los medios internacionales y las conclusiones de las misiones de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vinieron al país a invitación del Estado peruano.

“La Cancillería actuó en defensa de la institucionalidad al explicar que el presidente Castillo dio un golpe de Estado. Hizo una labor bastante importante para afirmar la legalidad de la transición”, comentó.

Vidarte expresó que el segundo momento es más difícil de consolidar y ello se refleja en comunicados del Consejo Permanente de la OEA, en los que dice que espera que pronto se realicen elecciones en el Perú, o en recomendaciones de diversos Gobiernos para que sus ciudadanos no viajen al Perú. “En este segundo momento a la Cancillería le está costando mucho defender al régimen”, dijo.

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Carta a Biden

Pedido. Cerca de 40 organizaciones religiosas nacionales e internacionales que trabajan en el Perú enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le piden que suspenda de inmediato la asistencia de seguridad que brindan al país hasta que termine la represión violenta a las protestas. Entre las firmantes está la hermana Patricia Ryan, de la DHUMA, organización de derechos humanos de Puno que apoya a la población aymara.