Elecciones regionales y municipales 2026: el país escoge a sus autoridades en un contexto de riesgo y amenazas

Las Elecciones regionales y municipales 2026 se desarrollarán este domingo 4 de octubre con más de 26 millones de ciudadanía convocada a las urnas para escoger a sus autoridades regionales y municipales.

La jornada llega después de hechos que elevaron la preocupación por la seguridad en distintas zonas del país. Un ataque a candidato ocurrió en Huancavelica la noche del viernes, mientras que en Loreto personal de la ONPE tuvo que retirarse de dos comunidades ante amenazas contra su integridad.

El caso de Huancavelica ocurrió cerca de las 11.30 p. m. del viernes 2 de octubre, en la comunidad campesina Panccan, distrito de Acoria. Francisco Yaranga Quispe, candidato a la alcaldía distrital de Acoria por Alianza para el Progreso, viajaba como copiloto en una camioneta cuando otro vehículo comenzó a seguirlos y desde su interior se efectuaron varios disparos.

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De acuerdo con el acta de intervención policial, el conductor Rusian Espinal Gamarra relató que escuchó aproximadamente seis disparos mientras intentaba escapar del vehículo que los perseguía.

La camioneta quedó con dos orificios en la parte posterior que, según la Policía, serían compatibles con impactos de arma de fuego. Los ocupantes no lograron identificar a los atacantes ni determinaron el motivo de la agresión.

Horas antes, la ONPE había confirmado el retiro de seis trabajadores de las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén, en el distrito de Pastaza, provincia de Datem del Marañón, Loreto.

El personal abandonó ambos lugares junto con el material electoral después de recibir amenazas de pobladores armados tras la muerte de Sundi Simón Kamarampi, candidato de Renovación Popular a la alcaldía de Pastaza.

La situación en Loreto dejó sin votación a 936 electores: 309 de Puerto Belén y 627 de Nueva Yarina. En ambas localidades estaban previstas cinco mesas de sufragio. La ODPE Alto Amazonas presentó denuncias ante la Policía y el Ministerio Público por los hechos que afectaron el desarrollo de la jornada electoral.

Los hechos registrados en las últimas horas se suman a un escenario de preocupación que ya había sido advertido por el Ministerio Público. Según un reporte actualizado al 24 de septiembre, la Fiscalía había identificado 36 amenazas contra candidatos y 10 presuntos atentados contra postulantes a gobiernos regionales y municipales.

En total, contabilizó 66 ocurrencias de relevancia penal relacionadas con las elecciones, de las cuales 39 permanecían en seguimiento y 12 ya tenían una investigación abierta. La Libertad concentraba la mayor cantidad de casos, con 10 incidencias, seguida de Loreto y Lima Este, con cinco cada una.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público también había registrado dos homicidios relacionados con el proceso electoral. Uno correspondía al asesinato de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido el 19 de septiembre durante una actividad proselitista. El otro caso correspondía a un candidato a regidor distrital de Apurímac, quien murió tras un ataque con arma blanca durante un enfrentamiento entre simpatizantes.

Para la jornada de este domingo, la Fiscalía había anunciado el despliegue de 6.538 fiscales en los 34 distritos fiscales del país para prevenir delitos electorales y atender posibles hechos de violencia.

Alejandro Mejía, politólogo y docente UNMSM: “La violencia y la supresión de opositores políticos se ha normalizado”

El politólogo Alejandro Mejía consideró que el avance de la criminalidad organizada y la falta de capacidad del Estado para responder a la inseguridad también han alcanzado al ámbito electoral. Según explicó, existen zonas del país donde la presencia estatal se ha debilitado y distintos actores vinculados a actividades ilegales disputan el control del territorio.

Mejía sostuvo que, en estos lugares, la violencia puede convertirse en una herramienta para limitar la participación de quienes representan intereses políticos distintos. “La violencia y la supresión de opositores políticos se ha normalizado como mecanismo de control político”, afirmó. A su juicio, esta situación requiere una mayor atención de las autoridades.

El especialista señaló que el Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo deben prestar especial atención a las regiones que ya registran hechos de violencia electoral. Para Mejía, las amenazas y ataques no pueden analizarse de manera aislada, pues forman parte de dinámicas locales vinculadas con la disputa por el control de determinados territorios.