
Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, compartió una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que señala que las acciones contra un juez peruano —en referencia a Juan Carlos Núñez, a quien se le retiró la visa— buscan generar confianza entre los inversores estadounidenses.
"Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema. Pero veo a ‘opinólogos’ e ‘internacionalistas’ que, por llevarle la contra a EE. UU., están dispuestos a ver pisoteadas las leyes del Perú. Qué pena que no griten con la misma fuerza contra la corrupción, un cáncer que ha hecho metástasis en todos los niveles del Gobierno", indicó.
Como se sabe, el juez Núñez Matos también es conocido por un fallo a favor de Cosco Shipping, la empresa china que opera el puerto de Chancay. El 29 de enero de 2026, al resolver una demanda de amparo interpuesta por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros, declaró fundado el pedido y dispuso que el organismo regulador se abstuviera de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.
"Los empresarios saben que los buenos negocios necesitan leyes claras, instituciones firmes y una democracia que TODOS respeten. Eso es lo que me piden para invertir", señaló el diplomático estadounidense.
La Administración de Donald Trump extendió las restricciones de visas a ciudadanía y funcionarios de Bolivia, Colombia y Ecuador, en una medida anunciada por el Departamento de Estado junto con el caso peruano. Washington señaló que estas acciones responden a situaciones que, según su evaluación, comprometen la gobernabilidad democrática debido a hechos vinculados con corrupción o narcotráfico.
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En Bolivia, Estados Unidos retiró las visas de 12 ciudadanos y sus familiares. Entre los afectados figuran jueces, fiscales, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un exfuncionario de la Aduana Nacional, un policía y un empresario. Además, nueve bolivianos que no contaban con una visa vigente quedaron impedidos de obtenerla. El Departamento de Estado también mencionó al fiscal general Roger Mariaca, a quien atribuyó participación en hechos graves de corrupción.
Las medidas también alcanzaron a Colombia y Ecuador. En el primer caso, fueron incluidos el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, Washington informó sobre la revocación de visas de dos ciudadanos y sus familiares, aunque no identificó a los afectados. Todas estas restricciones fueron comunicadas bajo la misma política aplicada contra el juez peruano.






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