
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó este viernes 18 de setiembre al juez Richard Concepción Carhuancho. El Pleno aprobó la medida por mayoría. La ponencia estuvo a cargo de la presidenta de la entidad, María Teresa Cabrera Vega. Entre los consejeros que votaron a favor estuvieron Cayo Galindo, Rafael Ruiz Hidalgo y Germán Serkovic. Jaime de la Puente Parodi fue el único que votó en contra.
El caso tiene su origen en noviembre de 2024. El magistrado dictó prisión preventiva contra el abogado Mateo Castañeda, investigado en el caso Los Waykis en la Sombra. Después, la Junta concluyó que el juez tardó en entregar la resolución por escrito y en enviar la apelación a la instancia superior.
El Tribunal Constitucional (TC) revisó un pedido de libertad presentado a favor de Castañeda. Determinó que el retraso le quitó la posibilidad de que otro juez revisara su caso y afectó su derecho a defenderse. Con esa sentencia, la JNJ abrió de oficio el proceso disciplinario contra Concepción Carhuancho.
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Concepción Carhuancho dictó de forma oral el pasado 22 de noviembre de 2024 una resolución de prisión preventiva en contra de Mateo Castañeda. La ley da 24 horas para entregar por escrito lo decidido. El acta recién estuvo lista el 4 de diciembre, doce días después.
Luego venía un segundo plazo, también de 24 horas, para conceder la apelación y enviarla a la sala. El magistrado lo hizo el 16 de diciembre. Para la Junta, ambas demoras constituyeron una falta muy grave.
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La defensa del juez planteó varios argumentos. Dijo que el plazo para investigarlo había vencido y que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya había archivado una queja por los mismos hechos. También habló de la carga de trabajo del juzgado y usó la frase «cada quien hace lo que puede». Cabrera respondió que el plazo era de dos años y no de seis meses. Explicó que el control judicial solo había revisado la demora en enviar la apelación, no la notificación tardía. Sobre la carga laboral, señaló que el juez tenía un deber de vigilancia que no podía delegar en su personal.
La Junta también consideró que una suspensión no bastaba. Castañeda recuperó su libertad después, cuando la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la prisión preventiva. Para la ponente, el perjuicio ya causado fue grave.
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La relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su consternación por el proceso disciplinario contra Richard Concepción Carhuancho. Lo hizo antes de que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia votara su destitución. La experta explicó que el caso ya había sido revisado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que lo archivó porque no encontró responsabilidad disciplinaria en su actuación.
Satterthwaite recordó que la JNJ ya había abierto procesos contra jueces y fiscales por decisiones propias de su trabajo. Dio dos ejemplos. Un juez fue destituido por sus declaraciones en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y varios fiscales fueron removidos por actos que no eran faltas graves según los estándares internacionales. Advirtió que destituir a Concepción Carhuancho sería un punto de inflexión en el uso indebido de estos mecanismos y debilitaría la independencia judicial.
La relatora también cuestionó el debido proceso. Dijo que los jueces y fiscales que enfrentan una destitución deben tener derecho a una audiencia imparcial y a pedir que un tribunal independiente revise la decisión. Observó que, en varios casos, las sanciones de la JNJ no fueron proporcionales a la falta. Pidió al Perú que garantice la independencia judicial y evite abrir nuevos procesos de este tipo, y exhortó a la Junta a seguir las normas internacionales que protegen a jueces y fiscales. Añadió que mantenía contacto con el Estado peruano sobre el caso.





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