Comisión de Modernización aprueba informe que concluye otorgar en parte la delegación de facultades

La Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y la Contraloría de la Cámara de Diputados, presidida por Paola Martínez (Renovación Popular), aprobó con 10 votos a favor y 9 en contra el informe consultivo que respalda de forma parcial la delegación de facultades al Poder Ejecutivo por un periodo de 120 días.

La mesa de trabajo evaluó un total de 14 temas sobre simplificación de procedimientos y reforma de la estructura estatal.

El análisis concluyó que cuatro propuestas son viables, cuatro improcedentes, una obtuvo un respaldo parcial y cinco fueron consideradas ajenas a su ámbito de competencia.

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Entre las medidas con opinión favorable está la modificación del marco normativo sobre procedimientos administrativos para agilizar los servicios públicos.

El informe técnico sustenta que la iniciativa es viable porque busca "acelerar la respuesta humanitaria ante desastres de rápido impacto como el Fenómeno del Niño, eliminando la traba procedimental de esperar empadronamientos o declaratorias formales".

Asimismo, el grupo precisó que la medida debe respetar la autonomía de los gobiernos regionales y locales para garantizar los niveles de seguridad exigidos en las inspecciones técnicas (ITSE).

En esa misma línea, se apoyó la transformación digital, la seguridad digital y la actualización de los derechos de tramitación. Sin embargo, la propuesta sobre barreras burocráticas solo recibió un respaldo parcial: la comisión aceptó actualizar su definición legal, pero exigieron delimitar su alcance para no invadir funciones del INDECOPI y la PCM. Además, rechazó hacer cambios en las medidas cautelares y resoluciones por falta de sustento técnico.

Por el contrario, se declaró inconstitucional y no viable la propuesta para modificar el sistema de control de la Contraloría, al advertir que vulneraba el artículo 104 de la Constitución.

Asimismo, rechazó el pedido para legislar sobre la "reforma estructural del Estado en el ámbito del Poder Ejecutivo" por "falta de delimitación material, incompatibilidad con la Ley N.° 29158 y la ausencia del sustento técnico-legal requerido", además de descartar las solicitudes sobre el sector judicial y de promoción de la inversión por no corresponder a sus competencias.