Migraciones rechaza archivo del caso contra ejecutivo de empresa Securitas

El ciudadano portugués Jorge Morais Couto llegó al país en un vuelo de la aerolínea Air Europa, el 15 de octubre de 2019, a las 04:32 horas. Llevaba un pasaporte con menos de seis meses de vigencia, por lo que se le impidió el ingreso y se dispuso su retorno al punto de embarque, como indican las normas. Pero al final se quedó e ingresó. Morais Couto apeló a su condición de ejecutivo de alto rango de la trasnacional de seguridad sueca Securitas y logró pasar los controles.

Pese a las evidencias, la fiscal especializada en Delitos de Trata de Personas del Callao, Edith Chillitupa Concha, resolvió no formalizar ni continuar con la investigación contra los imputados.

Sin embargo, la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro Barrios, detectó que no fueron evaluados los documentos que envió a la fiscal Chillitupa y que acreditan los hechos, por lo que ha requerido al Ministerio Público que continúen las indagaciones y se sancione a los responsables.

Los funcionarios de Migraciones involucrados, en lugar de disponer el retorno de Morais Couto en el mismo vuelo, y sancionar a la compañía por haberle permitido volar, le franquearon el acceso con la intervención de otras personas, e incluso cambiaron la fecha y hora de su ingreso en el sistema.

En ese momento, Jorge Morais Couto era presidente de la División para Iberoamérica de Securitas, y la empresa era responsable de la seguridad del aeropuerto.

El empresario portugués, en condición de presidente de Securitas Iberoamérica, estaba urgido en participar en una Junta General de Accionistas de la sucursal en Lima de dicho grupo empresarial, con la finalidad de remover a toda la gerencia de la compañía.

Mientras esperaba un “pasaporte de emergencia”, Morais Couto estuvo custodiado en el aeropuerto por el jefe de seguridad de Securitas Perú, Javier Riesco Gonzáles, lo que demuestra que recurrió a servidores de su empresa que prestaban servicio en el terminal aéreo.

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Sin voluntad para investigar

Desde el comienzo, La República informó de este caso del alto ejecutivo que recibió un trato privilegiado al margen de las normas. Recogió la versión de la compañía Securitas, la que rechazó los cargos y señaló que Morais Couto cumplió con las disposiciones.

Pero la defensa legal de Securitas, una compañía global de seguridad que debería cumplir con los altos estándares de transparencia, amenazó a este periódico con iniciar acciones legales si continuaba reportando sobre el caso, porque consideraba que el grave incidente era un asunto “privado” y no público.

La intervención de la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro, confirma que se trata de un caso de interés público.

Los imputados son los servidores de Migraciones Reynaldo Torres Chirito y Kelly Camargo Arotoma, además del representante de Securitas en el Perú, Pedro Bellatín Galdós, entre otros.

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Pesquisas incompletas

Está documentado que, en un principio, al ejecutivo de Securitas se le impidió el ingreso al Perú y se dispuso que la aerolínea que lo transportó lo devolviera al punto de embarque, ya que su pasaporte estaba vencido.

Sin embargo, los implicados en el caso confabularon para que Jorge Morais Couto, junto con otras personas, se quedara en el aeropuerto a la espera de que el consulado de su país, Portugal, emitiera un “pasaporte de emergencia”.

Este mecanismo sólo se aplica para facilitar salidas del país y nunca ingresos, dijeron fuentes de Migraciones. Con ese documento Morais Couto realizó actividades empresariales en Lima. Al llegar al país solo contaba con visa de turista.

La procuradora también hizo notar que el “pasaporte de emergencia” presentado por Morais Couto era un documento llenado a mano, sin datos biométricos y sin firma de algún representante consular. Tampoco contaba con algún tipo de medida de seguridad reconocida como válida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para la identificación y tránsito de ciudadanos para viajes internacionales, indicaron las fuentes de Migraciones.

De acuerdo con la procuradora, la fiscal Edith Chillitupa incumplió con el mandato de la Fiscalía Superior que le ordenó recabar la información necesaria para identificar a los responsables del ingreso del ejecutivo de Securitas.

La procuradora de Migraciones recordó a la Fiscalía Superior de Trata de Personas del Callao, que “el tema principal a dilucidar es determinar si la persona de Morais Couto ingresó irregularmente al país, luego de ser inadmitido su ingreso a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. Una tarea que no hizo la fiscal Chillitupa.

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Las tareas incumplidas

“Se debió ordenar recabar los registros fílmicos del área de Migraciones a la fecha de los hechos, así como también oficiar a la Embajada de Portugal en Lima si, para la obtención del pasaporte de emergencia del citado ciudadano, este tenía que recurrir presencialmente a su sede ubicada en el distrito de San Isidro”, señala la procuradora.

La fiscalía, en lugar de cumplir con estas diligencias claves, se limitó a recoger la versión de los imputados.

“Dando mayor trascendencia a las declaraciones de los investigados y a la documentación presentada por estos, (la fiscalía) decide dejar de lado las diligencias mencionadas y ordenadas” por el fiscal superior que ordenó investigar el escandaloso caso.

El empresario Jorge Morais Couto llegó a exigir por escrito a Migraciones “regularizar” la hora que ingresó en el país, para de esta manera justificar la fecha y hora que señala su participación registrada en el acta de Junta General de Accionistas de Securitas Perú SAC.

Los funcionarios de Migraciones, en coordinación con Jorge Morais Couto, le concedieran la rectificación de la hora de ingreso sin mayor justificación.

Basándose en esta “regularización”, el empresario Morais Couto logró archivar las investigaciones en su contra, alegando que Migraciones había “validado” su ingreso al país. Empero, la procuradora indica todo lo contrario.

La fiscal Edith Chillitupa se limitó a escuchar la versión de los imputados, en lugar de pedir el testimonio, por ejemplo, del agente de tráfico Félix Barbarán Rodríguez, para que explique por qué no se devolvió a Jorge Morais Couto a su país de origen y se autorizó su permanencia en el aeropuerto hasta que le concedieron el “pasaporte de emergencia”.

Otra información que la fiscalía pasó por alto fue la versión documentada de Air Europa, la compañía que trajo a Lima a Jorge Morais Couto y no lo devolvió.

Además, la fiscalía no requirió a Air Europa “la identificación del personal que se encargó de la custodia (de Jorge Morais Couto) desde la orden de reembarque hasta su control migratorio con el pasaporte de emergencia obtenido”, precisa la procuradora de Migraciones.

La fiscalía no ha querido abrir la investigación sobre la cadena de responsables que accedieron a que Morais Couto ingresara al país vulnerando normas elementales. “El archivo (de la investigación fiscal) se sustenta (...) en inferencias o conjeturas, al no existir elementos objetivos que las respalden”, concluye la procuradora de Migraciones sobre este grave caso.