
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó el intento del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, de sacar al LUM del Ministerio de Cultura. La organización advirtió que ese cambio pondría en riesgo la autonomía técnica y el carácter plural del espacio dedicado a las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y 2000. En una carta dirigida al ministro, la CNDDHH y Caminos de Memoria señalaron que no sería compatible con la misión del LUM que "el control de su relato sea transferido a una institución que fue uno de los actores directamente involucrados en el conflicto".
Las declaraciones de Álvarez que motivaron la carta fueron publicadas en una entrevista del diario Perú21, el 16 de agosto. Según la CNDDHH, el ministro calificó al LUM como vocero de un "falso relato", el de la propia CVR, y afirmó que ese relato buscaría exculpar a sectores de izquierda de su relación con el terrorismo. La organización responde que la CVR estableció, sin ambigüedad, que Sendero Luminoso inició la violencia y fue el principal responsable de los asesinatos y las desapariciones del periodo.
La carta también cuestiona una frase del ministro sobre las víctimas civiles del conflicto. Álvarez habría dicho que "el negocio era propiciar víctimas civiles para poner a la población contra el Estado". La CNDDHH calificó esa expresión como grave, porque deshumaniza a las víctimas y traslada hacia ellas la responsabilidad de las violaciones que sufrieron: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, entre otras.
Firman la carta la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Tania Pariona Tarqui, y la presidenta de Caminos de Memoria, Sofía Macher Batanero. Ambas piden que cualquier decisión sobre el futuro del LUM garantice la participación de las víctimas, sus familiares y los especialistas en derechos humanos.
La organización también rechazó los comentarios del ministro sobre las protestas en Puno. Según la carta, Álvarez mezcló hechos distintos y atribuyó responsabilidades colectivas que no han sido establecidas por la justicia. La muerte del suboficial José Luis Soncco fue materia de una investigación penal individual, recuerda la CNDDHH, y ese hecho no permite responsabilizar a todos los que participaron en las movilizaciones.
La carta menciona también la muerte de seis soldados en Ilave, ocurrida cuando cruzaban un río por orden superior y con su equipo completo. Los soldados murieron ahogados, no a manos de los manifestantes, según precisa el documento. La CNDDHH recuerda, además, que pobladores de la zona participaron en las labores de auxilio y rescate durante ese episodio.
La CNDDHH pidió a Álvarez aclarar y rectificar en público sus declaraciones. Además, exigió que cualquier decisión sobre el LUM respete su autonomía técnica, su pluralidad y la centralidad de las víctimas. La organización sostiene que la memoria democrática no debilita al Estado, sino que lo fortalece cuando reconoce, sin ambigüedades, tanto la responsabilidad de los grupos subversivos como las violaciones cometidas por agentes estatales.



