Renovación Popular busca silenciar a periodistas y penalizar su labor bajo la modalidad de "apología"

Renovación Popular busca silenciar el trabajo periodístico. El diputado Aldo Bravo plantea incorporar al Código Penal un nuevo delito denominado apología al delito agravado. La iniciativa propone una pena de entre cuatro y seis años de prisión para quienes, “mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros espacios de difusión, promuevan, soliciten, alienten, justifiquen o legitimen el uso de explosivos, artefactos incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios capaces de afectar la vida, integridad física, seguridad o patrimonio de las personas o del Estado”.

El proyecto afirma que no pretende criminalizar las opiniones, críticas políticas ni las manifestaciones legítimas, y que la intervención penal debería considerar elementos como el contexto, la finalidad, la capacidad de influencia y la existencia de un riesgo concreto. Sin embargo, la propuesta no delimita qué acciones supondrían la difusión o promoción señalada, dejándolo a interpretación de las autoridades.

Debido a esta falta de delimitación, acciones como la transcripción de declaraciones de personajes involucrados en una protesta social o política podrían ser consideradas como “difusión” de los usos ilegales que la ley busca perseguir.

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Los canales de comunicación serían justamente quienes asuman mayores sanciones. Y es que la propuesta plantea modificar el artículo 46 del Código Penal para considerar como circunstancia agravante que determinadas conductas sean realizadas a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones o actos de difusión.

El agravante también se aplicaría si la declaración proviene de líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y personas con capacidad de convocatoria pública. También se incluye a funcionarios públicos, servidores públicos, representantes y dirigentes políticos, sociales o gremiales.

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De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca intervenir antes de que se concrete un acto violento. La fórmula legislativa cuenta con las firmas de los miembros de la bancada del partido celeste en la Cámara Baja.

Los argumentos del proyecto de ley

El proyecto de ley dice que, en el Perú, no hay una ley que sancione a alguien por difundir mensajes públicos que apoyen o justifiquen el uso de la violencia antes de que ocurra un delito. Según el proyecto, este tipo de mensajes puede ser peligroso sobre todo en momentos de crisis política o conflictos sociales, normalizando la violencia y motivando el actuar violento de parte de ciertos grupos de personas.

Para respaldar esta idea, el proyecto usa cifras de criminalidad y hace referencia a sucesos como las protestas de 2020 y las movilizaciones de 2022-2023. También se menciona lo sucedido con el comunicador Phillip Butters, quien —tras realizar declaraciones sobre protestas sociales realizadas en el país— fue rechazado por varios ciudadanos de Juliaca durante su visita a esta ciudad como parte de su campaña política.

Críticas al proyecto de ley

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, indicó que uno de los principales problemas del proyecto de ley presentado radica en la utilización de términos ambiguos para referirse a las acciones que serían penadas.

“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla desde el título de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en circunstancia de aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales”, indicó a La República.

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Lainez indicó que existen situaciones del quehacer periodístico que podrían ser criminalizadas a partir de esta nueva fórmula legislativa.

“Las categorías utilizadas son muy amplias. Si uno, como periodista, recoge declaraciones de un actor de la protesta política o social, ¿la recolección de esa declaración va a generar responsabilidades penales sobre el periodista? Eso va a ser muy peligroso. Además, pone el foco del agravante en el comunicador social y el periodista. El proyecto incorpora la capacidad de influencia —característica que obviamente tiene un periodista— como un factor agravante”, señaló.