Más de 2 mil casos de trata de personas al año, pero en el Congreso el tema no es prioritario

En promedio, el delito de la trata de personas afecta a seis peruanos al día.

Entre enero de 2023 y abril de 2026, el Ministerio Público registró 7.429 casos de trata de personas: alrededor de 2.200 al año y 186 al mes.

Lima, Piura y Madre de Dios aparecen entre las regiones con mayor cantidad de denuncias.

Detrás de estas cifras hay adolescentes captadas para explotación sexual, mujeres engañadas con falsas ofertas de trabajo y personas sometidas a distintas formas de explotación.

El problema afecta principalmente a mujeres. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el 86,3% de las víctimas registradas en la última década fueron mujeres. El 51,5% tenía entre 18 y 29 años y el 30,4% contaba entre 12 y 17 años.

La explotación sexual es la principal finalidad de este delito: representa el 54,8% de los casos identificados en los últimos diez años.

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UN DELITO SUBESTIMADO

Pese a esta realidad, la trata de personas no aparece como una prioridad en los planes de gobierno de las principales agrupaciones que hoy tienen representación parlamentaria.

La bancada oficialista Fuerza Popular, el principal partido en el Congreso, menciona el delito como parte de la lucha contra el crimen organizado y propone fortalecer la inteligencia, el análisis de datos y la vigilancia de las redes criminales.

Pero no desarrolla medidas específicas para prevenir la captación de víctimas, fortalecer la atención especializada ni garantizar su reintegración.

El partido de Rafael López Aliaga, Renovación Popular, en cambio, no incorpora propuestas relacionadas con la trata ni con la explotación sexual.

La agrupación izquierdista Juntos por el Perú presenta algunas de las propuestas más concretas. Plantea fortalecer las fiscalías especializadas, crear equipos para investigar delitos como la trata, ampliar los turnos de atención y reforzar la defensa pública y los juzgados especializados.

También propone aumentar la inversión para prevenir la violencia sexual y fortalecer la educación sexual integral en zonas rurales. Sin embargo, sus medidas aparecen dispersas y no forman una estrategia que abarque prevención, persecución, atención y reintegración.

Buen Gobierno y Ahora Nación incluyen propuestas relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, la prevención de la violencia sexual y la educación sexual integral, pero tampoco ofrecen una política específica.

El grupo Obras, por su parte, solo expresa un rechazo general a este delito en su declaración de principios.

Para la directora de Promsex, Rossina Guerrero, esta ausencia resulta relevante porque la trata no se resuelve únicamente aumentando las penas.

"La trata necesita poner a las víctimas en el centro de las propuestas de solución. Una respuesta únicamente de fuerza o de mano dura no aborda las condiciones que permiten la captación y explotación", señala.

UNA POLÍTICA SIN PRESUPUESTO

El problema no comienza con el nuevo Congreso.

El medio independiente Contracorriente, ha revelado que el Estado cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030.

El documento establece tres objetivos: prevenir el delito, perseguir y sancionar a los responsables y garantizar la reintegración de las víctimas. Para ello contempla 42 servicios públicos que deben ser habilitados por distintas entidades.

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Un estudio encargado por CHS Alternativo calculó que su adecuada aplicación requeriría más de S/ 1.159 millones. Sin embargo, durante los últimos años se ha calculado que solo pudo haberse destinado alrededor del 1% de ese monto.

El presupuesto dirigido a combatir el delito equivale a apenas 17 céntimos por persona. Además, siete de los 42 servicios contemplados por la política nacional ni siquiera cuentan con metas presupuestales y, por tanto, no pueden recibir financiamiento.

Para Rossina Guerrero el problema no es únicamente cuánto dinero se asigna, sino también qué hacen las instituciones con las responsabilidades que asumieron.

"Los sectores no consideran o no se consideran parte. Está su nombre, firman la política, pero luego no viabilizan la implementación", sostiene.

La especialista considera que el nuevo Congreso debería garantizar presupuesto para las acciones de prevención, atención y reintegración, además de fiscalizar el cumplimiento de la política nacional.

"La trata va a cambiar a través de la política pública, no del endurecimiento de penas, sino de que la política de prevención, la política de atención y la política de reintegración tengan presupuesto, se implementen y tengan estándares", afirma.

Senadores y diputados ya tienen las cifras, cuentan con una política nacional y servicios que deben funcionar. Lo que todavía no aparece es una estrategia política acorde con la dimensión del problema.

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