
La alianza Consenso por la Democracia, integrada por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras, buscará la derogación de las leyes pro crimen, a través de cinco proyectos legislativos.
La primera propuesta llegó de Ahora Nación con la autoría del diputado César Holguín. La iniciativa busca modificar 10 leyes pro crimen que fueron aprobadas por el anterior Congreso.
Dentro de ese paquetazo de reformas se encuentran las leyes que afectaron la justicia penal como la ‘Ley Soto’, la norma que modifica los plazos de colaboración eficaz, la ley que excluye a las organizaciones políticas de ciertas consecuencias penales y la ley que modifica la extensión de dominio.
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Estas crean un escenario propicio para la criminalidad como la norma que impide a la PNP perseguir el uso de insumos vinculados a la minería ilegal, la ley que ordena que los allanamientos deben realizarse con la presencia de un abogado y la norma que modifica el delito de organización criminal, entre otros.
A su vez, incluye los mandatos que privan de justicia a los familiares de las víctimas de delitos contra los derechos humanos como la Ley de Amnistía y la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad.
La propuesta de Holguín detalla que, si bien cada ley regula materias distintas, todas producen un efecto acumulativo sobre el sistema de justicia penal: restringen herramientas de investigación, incrementan las dificultades para obtener prueba, reducen la recuperación de activos ilícitos, limitan la actuación del Ministerio Público y elevan las probabilidades de impunidad.
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El mismo Holguín presentó un segundo proyecto enfocado en la derogación de la norma promulgada en insistencia por Fernando Rospigliosi, que da impunidad a policías y militares al ampliar el delito de función a fin de que sean investigados únicamente en el fuero militar-policial, evitando la justicia penal común.
De acuerdo con la propuesta, dicha norma buscaría “afianzar el pacto cívico militar que sostuvieron los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar” y, sobre todo, se promulga en un contexto en el que la fuerza del Estado ocasionó la muerte de manifestantes entre el 2023 y 2024.
También citó el caso en el que un joven falleció en el interior de una comisaría en Manchay y la muerte de un niño de 8 años durante una intervención policial.
Desde Juntos por el Perú, la diputada Catherin Palomino presentó una iniciativa para derogar siete leyes pro crimen.
Seis de las normas a las que apunta ya fueron mencionadas en el proyecto de Holguín, a excepción de la ley que modifica el régimen de prescripción de la acción pena.
Finalmente, el vocero de JP en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, presentó dos iniciativas.
Una de ellas se centra en la Ley 31751 y la Ley 32104, que modifican la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, mientras que la segunda se centra en las normas que atentan la lucha contra el crimen organizado y las investigaciones preliminares.
Por su naturaleza, las propuestas serán derivadas a la Comisión de Justicia y, posteriormente, irán al Pleno. En este último espacio, con una representación de 74 diputados, las bancadas de oposición son mayoría frente a los 56 escaños de la derecha (Fuerza Popular y Renovación Popular), por lo que, una vez allí, las propuestas tendrían el visto bueno.
Por ello, será determinante la conformación y Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, la cual se establecerá este martes 11 junto a los demás grupos de trabajo. La coalición de oposición ya ha anunciado su interés en presidirla.



