La Fiscalía formuló un requerimiento acusatorio contra Harvey Colchado y solicitó 9 años y 4 meses de prisión en su contra. El exoficial de la Policía Nacional, y ahora diputado, es acusado de dos delitos: negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El pedido lo presentó la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara.
El Poder Judicial recibió el documento el 24 de julio de 2026. El caso quedó en manos del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. El pedido de la Fiscalía no solo involucra a Harvey Colchado. También acusa a Clara Elizabeth Ramírez Benites y a Víctor Elvis Ocmin Vargas, señalados como los responsables directos de la negociación incompatible. En los tres casos, la parte afectada es el Estado.
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Según la Fiscalía, el origen del segundo delito atribuido a Colchado se remonta a abril de 2021. Ese mes, el entonces coronel PNP habría declarado ante un notario que su ocupación era "independiente". El problema, sostiene el Ministerio Público, es que para esa fecha Colchado ya tenía el grado de coronel de la Policía Nacional en actividad. Estaba asignado a la Macro Región Policial (Macropol) Lambayeque.
La acusación por falsedad ideológica se sustenta en un documento notarial específico: un Poder Especial que Colchado otorgó a favor de una tercera persona para administrar un inmueble. La Fiscalía sostiene que la información falsa que habría consignado en ese documento configura el delito previsto en el artículo 428° del Código Penal.
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El caso de falsedad ideológica contra Colchado gira en torno a un inmueble ubicado en la Urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito de Comas. Según el requerimiento fiscal, Colchado se convirtió en propietario de esa propiedad tras un proceso de sucesión intestada. El bien está identificado con dirección en la avenida Guillermo de la Fuente N° 1058.
El 30 de abril de 2021, Colchado acudió ante el notario público Paul Hinojosa Carrillo para otorgar un Poder Especial. El documento le daba a Martina Huamaní Ordóñez la facultad de administrar el inmueble, así como de realizar actos de compraventa y alquiler sobre la propiedad. En ese mismo testimonio notarial, Colchado se identificó como una persona "de ocupación independiente".
La Fiscalía cuestiona esa declaración. Según la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021 por el entonces ministro del Interior Alfonso Chavarry Estrada, Colchado ya ostentaba el grado de coronel de la Policía Nacional y se encontraba en actividad. El Ministerio Público remarca además que el Poder Especial se inscribió en la Sunarp el 18 de mayo de 2021, fecha en la que, según el documento oficial citado, Colchado mantenía esa condición policial.





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