Juntos Por el Perú: nuevo plan de gobierno propone reformar la PNP, fortalecer la DIVIAC y construir cinco mega cárceles

Juntos Por el Perú incluyó en su nuevo plan de gobierno una serie de propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana. El documento plantea reformar la PNP, fortalecer la DIVIAC y construir cinco megacárceles con altos estándares de seguridad para reducir el hacinamiento y combatir las operaciones del crimen organizado desde los establecimientos penitenciarios.

Las medidas forman parte del capítulo de seguridad ciudadana del programa elaborado para las Elecciones 2026. El texto sostiene que el país enfrenta una expansión de organizaciones criminales vinculadas a actividades como la extorsión, el sicariato, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas. Además, advierte sobre la infiltración de estas redes en instituciones del sistema de justicia.

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El plan también cuestiona un conjunto de normas aprobadas en los últimos años por el Congreso. La propuesta contempla la derogación de las leyes 31751, 31990, 32108, 32107, 32182, 32181 y 32326, calificadas como procrimen, al considerar que dificultan la lucha contra el crimen organizado y favorecen escenarios de impunidad.

De acuerdo con el documento, la estrategia de seguridad no solo debe centrarse en la persecución del delito. También debe incorporar acciones preventivas vinculadas a la reducción de la pobreza, la desigualdad y otras condiciones sociales que contribuyen a la violencia en distintas regiones del país.

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Reforma policial y fortalecimiento de la DIVIAC

Uno de los principales ejes del plan consiste en una reforma integral de la PNP. La propuesta busca recuperar el modelo de policía de proximidad para fortalecer la presencia de efectivos en las calles y mejorar la relación con la ciudadanía.

El documento plantea crear una fuerza especializada de élite para enfrentar a organizaciones criminales. También propone reorganizar áreas policiales, reforzar los mecanismos de inteligencia y reasignar unidades de investigación criminal bajo la conducción de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC).

Otra de las medidas destacadas es convertir a la DIVIAC en una dirección especializada con mayor autonomía y capacidades técnicas. El plan señala que esta unidad deberá concentrarse en investigaciones de alta complejidad y coordinar acciones con entidades como la SUNAT y la Contraloría para atacar las finanzas de las organizaciones criminales.

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Polígrafo obligatorio y cambios en la formación policial

La propuesta de Juntos Por el Perú también incluye modificaciones en los procesos de admisión y ascenso dentro de la Policía Nacional. El documento establece que la prueba del polígrafo será obligatoria para quienes postulen a la institución y para la asignación de determinados cargos.

Asimismo, plantea que una de las cinco mejores universidades públicas del país dirija los procesos de admisión a las escuelas policiales. La iniciativa busca fortalecer los filtros de selección y elevar los estándares de formación de los futuros agentes.

El programa también propone incorporar a las escuelas de oficiales de la PNP dentro del ámbito de supervisión de la SUNEDU y colocar a las escuelas técnicas de suboficiales bajo supervisión del Ministerio de Educación. Según el documento, estas medidas permitirán reforzar la transparencia y la meritocracia dentro de la institución.

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Cinco megacárceles y mayor control contra el crimen organizado

Entre las propuestas más ambiciosas figura la construcción de cinco megacárceles para descongestionar el sistema penitenciario. El plan señala que estos establecimientos contarán con mayores medidas de seguridad y un enfoque orientado a la resocialización de los internos.

La iniciativa también contempla mejorar los bloqueadores de señal en los penales, fortalecer los sistemas de inteligencia penitenciaria y profesionalizar al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El objetivo es impedir que organizaciones criminales continúen operando desde prisión mediante extorsiones y otras actividades ilícitas.

Además, la propuesta plantea crear un Comando Unificado contra el Crimen Organizado, fortalecer la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el sistema de inteligencia, así como otorgar a las Fuerzas Armadas el control de las fronteras y de activos críticos nacionales. Según el plan, estas medidas permitirán concentrar un mayor número de policías en labores de patrullaje y seguridad ciudadana.