Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a jueza por fallo que frenó ley del Congreso contra ONG

El congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra una jueza constitucional que declaró inaplicables artículos de la denominada ley anti ONG, oficialmente Ley APCI, norma impulsada desde el Congreso que restringe el uso de financiamiento extranjero por parte de organizaciones no gubernamentales para litigar contra el Estado.

A través de un pronunciamiento público, Rospigliosi acusó a la magistrada de "desacatar" la ley, al sostener que su fallo permitiría que ONG utilicen recursos del exterior para atacar a las fuerzas del orden y al Estado.

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"He denunciado ante la Junta Nacional de Justicia a una juez que ha desacatado la ley del Congreso sobre ONG. Específicamente en el punto en que la ley impide que se use dinero del extranjero para atacar al Estado, a las FFAA y PNP, debilitando la defensa nacional y el orden interno", sostuvo.

"Rocío del Pilar Ramírez, una juez prevaricadora que ha desacatado la ley del Congreso sobre APCI y las ONG (...) no quiere aplicar una ley que está promulgada por el Gobierno", agregó desde Pasos Perdidos.

El fallo que motivó la denuncia

La acción del congresista se produce tras una sentencia del Sexto Juzgado Constitucional, que resolvió una demanda de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL). En dicha resolución, la jueza declaró inaplicables determinados artículos de la ley anti ONG en este caso concreto, al considerar que vulneran derechos fundamentales como la libertad de asociación, el derecho de defensa y el acceso a la justicia.

Como consecuencia, el juzgado determinó que el IDL no puede ser sancionado por representar legalmente a ciudadanos que demandan al Estado, aun cuando dicha labor se realice con financiamiento de la cooperación internacional.

Según el IDL, la Ley APCI pone en riesgo la libertad de asociación, interfiere en la autonomía de las organizaciones no gubernamentales y establece un mecanismo de censura previa al exigir que informen a la APCI sobre los proyectos que desarrollarán.

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Una ley cuestionada

La ley anti ONG fue aprobada por el Parlamento con el argumento de reforzar la supervisión estatal sobre organizaciones que reciben financiamiento extranjero. No obstante, ha sido duramente cuestionada por permitir sanciones contra ONG que brindan defensa legal a víctimas en procesos contra el propio Estado, lo que podría limitar el acceso a la justicia y afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Amnistía Internacional advirtió que la reforma amenaza el acceso a la justicia. "Esta ley obstaculiza el acceso a la justicia para víctimas de diversas violaciones de derechos humanos en Perú, como represión estatal, contaminación ambiental o violencia contra mujeres, que anteriormente pudieron acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. La ley alimenta la impunidad de autoridades que violan derechos humanos", dijeron en un pronunciamiento público.