Abogados de López Aliaga no lograron probar que Odebrecht pagó sobornos en Rutas de Lima

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del distrito de Columbia que confirma dos laudos arbitrales contra la Municipalidad de Lima por US $200 millones en el caso de los peajes en Rutas de Lima establece un pésimo precedente para demostrar los sobornos de Odebrecht, en todos los contratos, ante tribunales internacionales.

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Pues, la constructora Odebrecht niega haber pagado sobornos en todos los contratos, más allá de los que aparece en los sistemas Drousys y My Web Day,  lo que es clave en varios procesos arbitrales, que de seguir este mismo esquema podrían concluir con millonarias sanciones para el Perú.

El arbitraje Rutas de Lima

El 17 de marzo de 2025, los jueces de la Corte de Apelaciones de Columbia, Justin R. Walker, Harry T Edwars y Douglas H. Ginsburg revisaron y discutieron las pruebas evaluadas por los tribunales arbitrales para resolver en contra de la municipalidad de Lima en litigios con la concesión Rutas de Lima. Por el apelante, intervino el abogado David M. Lehn. David G. Hille defendió la causa de Rutas de Lima, junto a Nicolle E. Kownacki, Blair E. Trahan y Renata Rogers de Castilho

La Municipalidad de Lima argumentó que el contrato de concesión, del 2013 y los acuerdos relacionados adicionales, 2014 y 2016, son nulos porque la empresa matriz de Rutas de Lima, Odebrecht sobornó a funcionarios locales. Una premisa que se mantiene respecto de la venta de Rutas de Lima a Brookfield Infrastructure.

Sin embargo, “ambos tribunales arbitrales concluyeron que no existían pruebas suficientes que vinculen los pagos corruptos de Odebrecht con el Contrato de Concesión y los acuerdos relacionados”.

Los hechos

Al respecto, la Corte de Apelaciones señala que la Propuesta de Iniciativa del Sector Privado Vías Nuevas de Lima se presentó en abril del 2010, se adjudicó en septiembre de 2012 y el contrato se firmó en enero de 2013. En tanto, el proceso de revocatoria se inició en octubre de 2012 y el Jurado Nacional de Elecciones convocó la revocatoria para marzo de 2013. Proceso, en el cual, Odebrecht aportó 3 millones de dólares a la campaña anti revocatoria de Susana Villarán.

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Luego, en febrero de 2014, diciembre de 2015 y junio de 2016 se firman adendas y memorandos de acuerdo adicionales al contrato de concesión. Unos meses después, Odebrecht se declaró culpable de una serie de delitos en EE.UU y admitió sobornos a funcionarios peruanos, entre 2015 y 2014, para obtener contratos de obras públicas. Recién el 2017, la municipalidad cuestionó los peajes.

Para establecer que se pagaron sobornos por los contratos de Rutas de Lima, los abogados de la municipalidad presentaron las investigaciones del procurador Jorge Ramírez, los aportes a las campañas de Susana Villarán y Lourdes Flores, las declaraciones de José Miguel Castro Gutiérrez, Horacio Cánepa y el fiscal Rafael Vela.

Las pruebas descartadas

Los dos arbitrajes se celebraron en Washington DC bajo el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.  El primer tribunal concluyó que la Iniciativa Privada para rutas de Lima se adjudicó en septiembre de 2012 antes del proceso de revocatoria y que los pagos de Odebrecht del 2014 se realizaron dos años antes que el acuerdo del 2016.

Al respecto, los árbitros valorizaron la declaración de Jorge Barata sobre las demás. El ex superintendente de Odebrecht en Lima admitió que se pagaron sobornos a funcionarios públicos para obras en el Perú, pero no por la concesión de Rutas de Lima, pues afirmó que no lo necesitaron.

Mientras, tanto se descartó el testimonio del procurador Ramírez al no poder ofrecer prueba específica que vincule los aportes de campaña con la firma de la concesión, las adendas y los memorandos de entendimiento.

Declaraciones incompletas

En el segundo arbitraje,  Lima argumentó que el contrato con la empresa Generación, de César Meiggs, encubría los sobornos para que Rutas de Lima tuviera mayores beneficios, para lo cual se presentó la acusación fiscal contra Susana Villarán. Además, la declaración de Horacio Cánepa respecto a que aportes a la campaña de Lourdes Flores también buscaron beneficios para el tema de los peajes.

Otra vez, los árbitros no encontraron una relación directa entre los aportes de campaña, ni de Villarán, ni de Lourdes Flores, con el contrato y las adendas, pues las reuniones Barata-Castro no coincidían con las fechas de los acuerdos y Cánepa desconocía detalles claves del proceso. Además, señalan que las pruebas aportadas por la fiscalía contenían extractos incompletos de las transcripciones de las declaraciones de los testigos.

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El testimonio del ex gerente municipal, Jorge Miguel Castro también fue inconsistente y le faltaba conocimiento detallado de los acuerdos y su relato dependencia de informes de prensa. Además, se consideró que la acusación contra Villarán adolecia de prueba de que los aportes de campaña se otorgaron a cambio de la concesión de Rutas de Lima.