El Congreso deja en evidencia su temor a que los ciudadanos salgan a protestar
Preocupación. El Ministerio Público llamó a los peruanos a la defensa de la democracia y el Legislativo le reprochó “incitar a la población”. Los fiscales supremos en contra del proyecto que busca la inaplicabilidad de la lesa humanidad antes del 2002.
El Congreso demuestra su temor frente a la posibilidad de que la gente salga a protestar. El miércoles en la noche, la Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú alzaron la voz en contra de una serie de proyectos de ley que se tramitan en el Congreso por considerarlos lesivos e inconstitucionales.
El Ministerio Público (MP) llamó a la “ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a la defensa de la democracia y al Estado de derecho que se pretende socavar”.
Los fiscales mencionaron concretamente tres iniciativas: la que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público (aprobada en comisión de Constitución); la que crea la Escuela Nacional de la Magistratura (aprobada en comisión de Constitución); y la que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía (pendiente de segunda votación).
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El Poder Legislativo reaccionó y –no sin cierta dosis de cinismo involuntario– sacó un comunicado de respuesta en el que le dice al MP que respete el equilibrio de poderes y le reprocha por “incitar a la población a actuar contra el orden democrático”.
“Exigimos respeto a la labor parlamentaria en arreglo al principio de separación de poderes. Los congresistas de la República velan por el respeto a la Constitución y las leyes”, dice el texto difundido en redes.
Pero lo cierto es que la Constitución defiende el derecho de los peruanos de manifestarse. Lo recordó la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, quien señaló que “la movilización ciudadana es un derecho constitucional que tiene que activarse”.
Añadió: “No dejemos que nos roben el país”.
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Incluso Ledesma recordó el artículo 46 que dice expresamente que nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
Por el momento, la movilización más cercana es la convocada para este viernes 21 por parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP (leer recuadro). También está la que vienen organizando los movimientos regionales luego de que el Parlamento aprobara eliminarlos, aunque falta que la decisión se reafirme en una siguiente legislatura por tratarse de una modificación constitucional.
Freddy Vracko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, informó que este sábado 22 se reunirán los movimientos y líderes de las regiones para confirmar la fecha de su movilización, inicialmente programada para los días 27 y 28 de julio.
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Peligro de impunidad
Los proyectos mencionados en el comunicado del miércoles de la Fiscalía no son los únicos que atentan contra el sistema de justicia. También está pendiente de segunda votación la iniciativa promovida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) para que se declare inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2002.
En resumen, se pretende que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor en el Perú del Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad prescriban de acuerdo con los plazos establecidos en la ley nacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre del 2003.
La justificación de Rospigliosi y Cueto –y avalada por las bancadas de derecha y extrema derecha– es que se trata de un acto en defensa de los militares y policías que, aseguran, son perseguidos por revanchas ideológicas y sesgos a favor de la subversión.
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Al respecto, la Junta de Fiscales Supremos emitió ayer un comunicado en el que expresó su rechazo frente a la posible ley por sus “implicancias negativas”.
En un informe elaborado por Raquel Cárdenas Manrique, fiscal superior coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, se advierte que de ser aprobada la norma, unos 600 casos tendrían que ser archivados o concluidos.
Algunos de ellos son emblemáticos. Figuran entre otros Chuschi, El Frontón, Barrios Altos, Cantuta-Pativilca, Madre Mía, Universidad del Centro, Putis, Castro-Castro y Accomarca. En total, de acuerdo con el MP, se estaría afectando a 550 víctimas y a sus familiares que persiguen justicia. “Dejar en impunidad los hechos tan graves que afectan el núcleo duro de los derechos humanos da un mensaje errado, lamentable, contrario a la normatividad vigente, nacional e internacional”, se lee en el informe de Cárdenas.
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No solamente se verían beneficiados policías y militares. El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, adelantó que su cliente se acogería a la ley por el caso Pativilca.
El Congreso ha anunciado que sesionará hasta el sábado 15. Existe el peligro de que varias iniciativas dañinas para la justicia y la democracia sean aprobadas en el Pleno. Foto: difusión
Marcha contra la “destrucción democrática”
“Marcha nacional contra la destrucción de la democracia” reza la convocatoria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana para el 21 de junio. “En el contexto actual de constante vulneración y retroceso de derechos de parte del Congreso, avalado por el Ejecutivo, los pueblos indígenas nos movilizamos en Lima y regiones”, señala esta asociación que representa a 2.439 comunidades.
Por otro lado, el comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos expresó su preocupación por “los esfuerzos del Congreso” que busca replicar el modelo de Nicaragua o Rusia para debilitar a la sociedad civil, en referencia a la ley anti-ONG.
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Impunidad en ciernes
Los fiscales advirtieron sobre los casi 600 casos que quedarían sin justicia si se aprueba el proyecto de FP-RP.
No quieren protestas
El Congreso le respondió al MP y lo acusó de “incitar a la población a actuar contra el orden democrático”.