El autogolpe del 5 de abril y las diferencias con la disolución del 30 de septiembre
Hace 28 años, Alberto Fujimori disolvió el Congreso, intervino las instituciones estatales e instauró una dictadura. Martín Vizcarra en septiembre de 2019 también retiró las funciones del Legislativo, pero la población aplaudió la medida ¿A qué se debió?
El 30 de setiembre de 2019, el mandatario Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República como solución ante la crisis política entre ambos poderes. Los opositores reiteraban que la historia se repetía a la del autogolpe del 5 de abril.
En esa fecha, el expresidente Alberto Fujimori, ahora condenado a 25 años de prisión, rompió el sistema democrático al también retirar las funciones legislativas, pero acompañado de otras medidas que conformaron una dictadura.
Autogolpe del 5 de abril: “Disolver, disolver temporalmente el Congreso”
La noche del domingo 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori aún no cumplía sus dos años de Gobierno, en un mensaje a la nación vía televisión nacional en vivo y en directo anunció su decisión inconstitucional del autogolpe de Estado, con la disolución del Congreso de la República.
Intervención de instituciones públicas
También dictó la “reorganización total del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional) y el Ministerio Público". Además, de la reestructuración de la Contraloría General de la República.
En esos momentos, las tropas del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea intervinieron las sedes de estas entidades y siguieron todas las órdenes del nuevo dictado Alberto Fujimori.
Esa noche también se procedió con el arresto domiciliario de los presidentes del Senado, Felipe Osterling, y de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, así como la captura del congresista César Barrera Bazán y del periodista Gustavo Gorriti.
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El local del Partido Aprista también fue tomado, como la casa del ex ministro del Interior Agustín Mantilla, entre otros. Según fuentes policiales, también se ordenó la detención del expresidente Alan García pero este logró escapar por los techos de su vivienda, rodeada por militares. Días después pidió asilo político y se exilió en Colombia.
Censura a los medios de comunicación
La dictadura de Alberto Fujimori también ese enfocó en los medios de comunicación. En simultáneo a su mensaje a la nación, se producía la intervención e invasión de las Fuerzas Armadas a la redacción del diario La República.
Por tal motivo, al día siguiente de autogolpe, los ejemplares de La República presentaron espacios en blanco. Esto permitió interpelar a la ciudadanía que en el Perú se había instalado una dictadura.
Las Fuerzas Armadas también intervinieron otros medios de comunicación como la radio ‘Antena 1’. Estos allanamiento tenía el único objetivo de evitar que la población se entere que Fujimori Fujimori había dado un golpe de Estado.
Fuerzas Armadas en las calles
El 6 de enero, Lima amaneció sitiada con tanques y militares del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea supervisando las principales avenidas y apostados en locales públicos y privados.
Las universidades públicas y privadas no pasaron desapercibidas. Casas de estudio como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre otras, tuvieron en su interior y exterior a bases militares que les impedían hacer política de forma publica y activa.
Sin marco legal
No obstante, no existían las bases legales para ordenar todas estas medidas. En el país regía la Constitución Política de 1979 que señalaba que el presidente solo estaba habilitado para disolver el Congreso si no recibía en tres veces el voto de confianza de esta institución.
Tras estos hechos, la Organización de Estados Americanos obligó a Fujimori a convocar a elecciones del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), grupo que dio luz a la Constitución de 1993 aprobada a través de un referéndum.
Esta lo facultó para una segunda reelección en el 2000 y le permitió ganar a su contendor Javier Pérez de Cuéllar, dos veces secretario General de las Naciones Unidas.
30 de setiembre: “Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones”
El lunes 30 de setiembre de 2019 pasadas las 17.30 horas, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en un mensaje a la nación anunció la disolución constitucional del Congreso.
Convocatoria a elecciones
"Ante la denegación fáctica de la confianza y en respecto irrestricto de la Constitución Política del Perú he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”, pronunció el mandatario.
En simultáneo, el entonces titular del Parlamento, Pedro Olaechea, interrumpió el debate y procedió con la votación de la cuestión de confianza que Salvador del Solar, había solicitado en tempranas horas.
Sin intervención de Fuerzas Armadas
Durante la emisión de la decisión del jefe de Estado no hubo uso de la fuerza pública en contra de la población ni de los legisladores, quienes se quedaron estupefactos ante el Decreto Supremo firmado.
Tampoco se produjo la intervención de las instituciones públicas, quienes por el contrario apoyaron la medida de Vizcarra Cornejo, a excepción de la Contraloría General de la República.
Los ya congresistas disueltos continuaron el debate y minutos después del anuncio del presidente, aprobaron la cuestión de confianza de Del Solar. No obstante, el hecho estaba consumado.
El Parlamento sin funciones legislativas propuso vacar a Vizcarra, pero al no alcanzar la votación aprobaron suspenderlo por un año de sus funciones por “incapacidad moral”.
Tras esto, Pedro Olaechea tomó juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como jefa de Estado. La también excongresista dio un discurso a la población, empero en menos de 24 horas renunció al cargo. Especialistas aseguraron que este hecho fue inconstitucional.
Población saludó medida de Vizcarra y exigió la salida de los congresistas
Un grupo de ciudadanos se plantaron frente del Congreso desde la mañana de 30 de setiembre, para apoyar a Salvador del Solar y cuando se conoció la disolución del la institución legislativa, exigió la salida de los parlamentarios.
Tras la juramentación ilegal de Mercedes Aráoz, los ciudadanos gritaban “¡Fuera, Meche! ¡Fuera, Meche!”. Al día siguiente, el reclamo de la ciudadanía era mayoritaria en plena avenida Abancay, Cercado de Lima.
Personal de la Policía Nacional resguardó las zonas aledañas al Congreso de la República y esperó que cada congresista se retire de manera voluntaria.
Desde el día siguiente no se permitió la entrada de otros miembros del Legislativo disuelto que no sean integrantes de la Comisión Permanente, único grupo de trabajo que continuó operando tal y como lo estableció la Constitución.
Tribunal Constitucional respaldó disolución del Congreso
La decisión de Martín Vizcarra sí contaba con el marco constitucional, debido a que la Carta Magna de 1993 estableció que el “presidente de la República está habilitado para disolver el Congreso solamente cuando este haya hecho perder el cargo a dos Consejos de Ministros”.
Este hecho se efectuó luego que el mismo Parlamento haya negado la confianza al Gabinete Ministerial de Fernando Zavala, en setiembre de 2017, y luego al pedido del primer ministro Salvador del Solar, el 30 de setiembre.
Tras casi cuatro meses, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea contra el Poder Ejecutivo, convalidando la decisión de Martín Vizcarra de cerrar el Congreso al haberle negado la confianza por segunda vez.
Elecciones congresales del 26 de enero
La disolución del Congreso ordenado por Martín Vizcarra fue sellado como acto democrático con la ejecución de las elecciones extraordinarias congresales del 26 de enero de 2020
En estos comicios los partidos políticos de oposición también participaron, pero recibieron poco respaldo de la ciudadanía.
El 30 de setiembre no puede ser comparado con el 5 de abril. Los hechos y los marcos legales y constitucionales lo demuestran. Alberto Fujimori purga prisión por delitos de corrupción que logró cometer tras el autogolpe de Estado que ordenó en contra de la nación. Una de las herencias de su Gobierno son las AFP, las que son rechazadas por la población hoy en día.