Voto viciado: ¿protesta o statu quo?, por Cecilia Méndez

A medida que iba quedando claro que los dos contendores para la segunda vuelta serían Fujimori y Sánchez, algunos personajes públicos empezaron a dar a conocer que votarían viciado en son de protesta. Tal vez lo sea, pero solo declarativamente: una protesta más parecida a un portazo que a una marcha. Porque, en la práctica, el mensaje es que lo mismo da quien gane, porque consideran a ambos igualmente malos, igualmente nocivos y parte del “pacto mafioso”.

Las dos primeras son apreciaciones subjetivas, éticamente valorativas, con las que se puede discrepar o no. Pero donde se debe exigir objetividad es en el tercer punto. ¿Es verdad que Sánchez es parte del “pacto mafioso”? Un artículo de la revista web El Salmón, del 7 de abril, se hizo precisamente esa pregunta. Me permito citarlo y parafrasearlo en extenso, porque la desinformación abunda y no es precisamente inocente.

“¿Cuáles fueron las ‘leyes del pacto’ y cómo votó Sánchez?”, se pregunta El Salmón. En lo que respecta a la “ley procrimen” por excelencia, la Ley 32108, promovida por Waldemar Cerrón (Perú Libre), que modificó la tipificación del crimen organizado dificultando la persecución de bandas criminales, las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Honor y Democracia votaron a favor. Sánchez votó en contra.

Segundo, la Ley 31990 de colaboración eficaz fue un ataque al principal instrumento anticorrupción que posibilitó desmantelar las mayores redes de corrupción del país al limitar el plazo para corroborar la información de colaboradores, obstaculizando la verificación de testimonios y pruebas en casos complejos, como fue el caso Lava Jato. “La reconsideración para intentar frenar esta ley fue presentada precisamente por Ruth Luque y Roberto Sánchez, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú. Sánchez no solo votó contra ella: fue uno de los dos congresistas que intentaron bloquearla formalmente”, prosigue nuestra fuente.

Tercero, la Ley 32326, de “extinción de dominio”, se originó en proyectos de legisladores fujimoristas y exige una sentencia firme para iniciar la extinción de dominio, bloqueando la recuperación temprana de bienes vinculados a delitos como corrupción y lavado de activos. “No hay registro de que Sánchez o JPP hayan impulsado ni respaldado esta ley”, dice El Salmón.

Cuarto, la Ley 31988, de “bicameralidad y reelección […], impulsada principalmente por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, fue aprobada con 91 votos a favor, en un proceso que evitó una nueva consulta popular pese al antecedente del referéndum. En esa votación, Roberto Sánchez no respaldó la reforma y votó en contra, marcando distancia frente a una medida que reabre la puerta a la reelección parlamentaria”.

En síntesis, según nuestra fuente, “en las principales votaciones vinculadas a las llamadas ‘leyes procrimen’, el comportamiento de Sánchez muestra un patrón mayoritariamente contrario a esas iniciativas, con votos en contra en varios de los casos más relevantes. Ese registro puede verificarse en las actas del Congreso, aunque no existe una sistematización única y oficial de todas las votaciones”.

Ahora bien, hay un punto en el que Sánchez sí coincide con el fujimorismo: el referido a la pequeña minería y la minería ilegal e informal. Sánchez, prosigue la fuente, “fue coautor de la Ley 31989, que derogó la disposición que permitía a la PNP intervenir contra mineros ilegales con registro suspendido en el REINFO cuando utilizaban explosivos. En esa norma, tanto en la primera votación como en la exoneración de la segunda, Sánchez votó a favor”. Más aún, “a lo largo de su labor legislativa ha suscrito, como autor o coautor, diversos proyectos vinculados al sector minero informal, incluyendo iniciativas para extender el REINFO en el tiempo”.

Se trata de un problema grave y, en mi opinión, más grave que su proximidad con Antauro, que es lo que prefieren levantar los medios. No solo por el incremento de la violencia y la degradación ambiental que supone la extracción descontrolada de minerales —que ya es bastante—, sino porque Sánchez cultiva importantes adhesiones políticas en las regiones mineras, que le han dado buenos réditos en estas elecciones, como lo prueba José de Echave en una columna reciente en este diario. Por tanto, el candidato no tendría incentivos intrínsecos para solucionarlo. El tema requiere, como bien dice Echave en otra columna, una solución integral, y es urgente que los ciudadanos exijamos poner este tema en la agenda del debate de la segunda vuelta.

¿Convierte este vínculo de Sánchez con la economía minera informal en un integrante de una coalición mafiosa del Congreso “cuyo eje ha sido desmontar herramientas clave del sistema anticorrupción”? Volvemos a El Salmón. Y su respuesta, con la que coincido, es: “confundir esos planos no aporta claridad: introduce ruido y termina diluyendo responsabilidades que sí pueden rastrearse en votos y decisiones específicas”.

JPP, por último, plantea en su plan de gobierno la derogación de siete leyes que han debilitado la lucha contra el crimen, entre ellas la Ley 31751 y la Ley 32108. De las 36 candidaturas presidenciales, prosigue la fuente, “solo 10 asumieron ese compromiso, y Sánchez se ubica entre los pocos —apenas cuatro— que identifican esas normas de manera expresa”.

Esto, con ser bueno, no me parece suficiente. También tendrían que derogarse la bicameralidad, la reelección y el Senado todopoderoso, si se va a respetar la voluntad popular de un importante plebiscito. Pero eso no va a ocurrir, no solo por JPP, sino porque para los congresistas electos, en general, ello equivaldría a autodisolverse.

Y es que no vivimos unas elecciones comunes. Vivimos una trampa electoral porque la única manera de participar ha sido con las reglas de juego impuestas por un Congreso promotor del crimen y la impunidad, deseoso de perpetuarse en el poder. Mucha esperanza no tengo en ver cambios en el corto plazo, excepto que, si gana Fujimori, su control del poder será absoluto.

Por eso, y por la forma como el fujimorismo ha venido erosionando las instituciones, revirtiendo los avances en la administración de justicia, haciendo el país ingobernable desde 2016, copando todos los poderes inconstitucionalmente después del fallido golpe de Castillo en 2022, masacrando a campesinos y blindando a sus asesinos, me parece una falacia suponer a los contrincantes de segunda vuelta como equivalentes. El fujimorismo ya gobierna. Su triunfo electoral sería su legitimación.

Las elecciones no son, a mi juicio, la puerta del cambio. Apenas abren una rendija a la posibilidad de contener a un poder criminal avasallador que convierte al juez probo en criminal y al funcionario honesto en delincuente, pero consiente y calla frente al que amenaza de violación sexual y de muerte a la autoridad electoral. Me parece una falacia, pero tal vez un signo de los tiempos, que se pueda ver entre dos fuerzas tan dispares en poder alguna equivalencia.