¿Complicidad peruana con las matanzas en Gaza?, por Diego García-Sayán

El pueblo peruano, en sintonía con millones de voces en el mundo, no puede ni debe permanecer en silencio frente a lo que ocurre en Gaza. Miles de niños, mujeres y hombres son víctimas de bombardeos, desplazamientos forzados, hambre y destrucción sistemática de su hábitat. La tragedia es evidente: no se trata de un conflicto “convencional”, sino de la aniquilación planificada —y en marcha— de un pueblo.

La responsabilidad del Estado peruano

El Perú, como miembro de la comunidad internacional, no puede limitarse a declaraciones tibias ni a una diplomacia inerte. Más allá del inexplicable silencio frente al horror, mantener relaciones militares, comerciales o políticas con un gobierno señalado en el mundo por cometer graves crímenes contra la humanidad convierte a nuestro país en cómplice.
La complicidad no se limita a entregar armas: también es guardar silencio, abstenerse en votaciones críticas o evitar sanciones cuando los principios más elementales de humanidad son arrasados.

Se prepara una gran claudicación: el contrato de la vergüenza

Lo que hoy se proyecta es mucho más que un negocio militar: es una claudicación ética y política de dimensiones históricas. Un verdadero contrato de la vergüenza.
La empresa israelí Elbit Systems, que fabrica el 85% del armamento terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel y cuyos sistemas han sido empleados en Gaza para arrasar barrios enteros, ha sido declarada ganadora por el Ejército Peruano del Concurso Privado Nº 005-2025, convocado por FAME S.A.C., la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército.
El contrato incluye la fabricación, cofabricación, ensamblaje y modernización de sistemas de artillería, así como la adquisición de blancos y plataformas de comando y control. En concreto, se trata de Lanzadores Múltiples de Cohetes PULS, capaces de disparar proyectiles con alcances de entre 40 y 300 kilómetros, con precisión letal.

Asociarse con Elbit Systems no es un asunto administrativo menor. Significa, en los hechos, colocar al Perú dentro de la cadena de producción de las matanzas en Gaza. Cada cohete o sistema que se fabrique o adapte en suelo peruano tendrá como espejo la devastación que hoy vemos en esa franja: hospitales destruidos, niños sepultados bajo los escombros, familias desplazadas por la lluvia de misiles.
Este no es un contrato neutral: constituye complicidad directa con la maquinaria que sostiene crímenes de lesa humanidad. Ningún beneficio económico —ni siquiera un supuesto 10% de rentabilidad— puede justificar que el Perú se manche las manos de esta manera.

El gobierno debe anular inmediatamente este proceso y romper cualquier vínculo con Elbit Systems, o se convertirá en cómplice de las atrocidades que se cometen en Gaza y en cualquier otro lugar donde se utilicen estas armas.

El derecho internacional no admite excusas

El Perú fue pionero en América Latina en levantar las banderas de los derechos humanos y la justicia internacional. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la cual nuestro país es parte, obliga no solo a no participar en genocidios, sino también a prevenirlos. La indiferencia viola esa obligación.

No se trata de un asunto lejano. La historia juzgará a los pueblos que callaron y a los gobiernos que miraron hacia otro lado. El Perú conoce bien lo que significan la violencia, la exclusión y el desprecio por la vida. Precisamente por esa memoria, tenemos la obligación moral y política de levantar la voz.

El Perú debe ponerse del lado correcto de la historia: con la vida, con la justicia, con la humanidad. Y, entre otras cosas, no asociarse con esa impresentable empresa.