¡No es caridad, son derechos!, por Marisa Glave

La lógica de mercado impuesta a la vida cotidiana nos ha llevado a transformar la manera como se mira en el país la política social. Ha dejado de ser vista como reconocimiento de derechos y aseguramiento de condiciones básicas igualitarias, para concebirse como una caridad.

La manera en que la ministra de inclusión social, Leslie Urteaga, ha respondido a la nueva crisis del programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma) muestra la poca conciencia de afectación de derechos fundamentales de niñas y niños. Si las y los intoxicados fueran alumnos de los principales colegios privados del país, la señora como mínimo habría puesto su cargo a disposición, sea por iniciativa propia o por exigencia del presidente del Consejo de Ministros. Su respuesta ha sido indignante.

La lógica de auxilio caritativo, que se impone sobre el enfoque de derechos fundamentales, en parte está ligada a asumir la estrategia de focalización sobre la de universalidad. Es decir, cada vez en mayor medida las políticas sociales son sólo para personas en situación de pobreza y no son para la población en su conjunto.

Esta decisión de política se ha justificado sobre la base de la escasez de recursos.  Dado que nuestro Estado no recauda lo suficiente para garantizar todos los servicios que podría brindar de manera universal, se opta por identificar a quienes más lo necesitan y se prioriza el uso de estos fondos públicos limitados.

Esta manera de diseñar las políticas ha traído serios problemas en períodos críticos, como la pandemia por el COVID-19. Quedó muy claro que la alta informalidad en el país y vulnerabilidad de una proporción muy grande de peruanos y peruanas no permitían una estrategia efectiva de focalización. Muchas personas que necesitaban apoyo económico durante las cuarentenas no lo recibieron. Simplemente, no estaban en el radar del Estado peruano. Decenas de miles de ciudadanos se quedaron solos, sin apoyo, para hacer frente a una de las peores crisis económica y sanitaria que hemos vivido.

La brecha se vuelve abismo

En el caso peruano, donde la privatización de lo público ha llegado a niveles muy altos, se ha generado un distanciamiento cada vez mayor entre clases sociales, de forma tal que la política social en su conjunto, no sólo la destinada expresamente a la superación de la pobreza, sino la que debiera ser universal como la educación, ha pasado a ser tratada como una limosna para pobres.

Mientras en América Latina la tasa de niños y niñas que asisten a escuelas privadas llega al 20%, en el Perú es de 25%. La diferencia no es tanta si se mira de manera global. Pero si hacemos un zoom y miramos solo Lima Metropolitana, veremos que la proporción es cercana al 50%. Algunos años incluso ha sido más de la mitad.

Esta realidad es entendible si vemos que más del 70% de las instituciones educativas localizadas en Lima son privadas. La oferta pública es reducida y como lo justifican los “focalizadores” radicales, está centrada en las áreas de mayor pobreza, dejando de lado distritos medios y altos.

Así, en la capital del país, donde se toman la mayoría de las decisiones y donde se concentra el poder político y económico, la educación ha dejado de ser mayoritariamente pública. La lógica de privatización, no tanto como política expresa de otorgamiento de la cartera al sector privado sino por defecto, por ausencia de instituciones educativas públicas, se está tornando en un factor que acrecienta la desigualdad.

Este giro no ha supuesto una mejora en la calidad educativa, otro día podemos volver sobre los problemas de la educación privada de bajo costo, que es la que más ha crecido en la capital y en las principales ciudades del país. Lo que interesa para este artículo es que este cambio en el peso de la población que asiste a una escuela pública ha supuesto un abandono de la clase media, en particular limeña, de un servicio público esencial. La educación pública no es vista como una alternativa universal, como derecho ciudadano, sino como un servicio para personas que no pueden pagar la educación privada.

Así, los padres y madres de familia con mayor capital político y social y mayor capacidad de influencia, de sectores altos y medios de la capital, no tienen más la escuela pública como foco de atención. Desaparece de su radar y de su vigilancia activa. Familias con pocos recursos económicos, con escaza o nula articulación social – como parte del deterioro del tejido social en el país – tienen limitadas herramientas para incidir en la calidad de la educación de sus hijos.

Intoxicados

Esta semana cierra con 50 niños intoxicados en Piura. Pero no son los primeros y hemos tenido varias decenas de ellos y ellas intoxicadas en otras regiones desde el inicio del año escolar. El programa, que cambió de nombre para tratar de borrar el historial de malos manejos y de entrega de alimentos en mal estado, no ha cambiado lo esencial. No se entiende que no se trata de caridad (ni de negocio de funcionarios), que lo que tenemos es un programa que debe garantizar un derecho esencial para una población particularmente sensible: el derecho a la alimentación de niñas y niños en edad escolar. Nuestro futuro como nación se juega en ello.

Intoxicados por discusiones absurdas sobre la educación sexual y el enfoque de género, las y los congresistas del país se pierden en debates sinsentido y encienden miedos y generan fobias en la ciudadanía, antes que preocuparse por lo más básico, por el piso mínimo de igualdad.

El día de ayer la congresista Sigrid Bazán presentó al fin una interpelación contra la ministra. Ojalá no quede en un mero saludo a la bandera y apliquen una sanción política efectiva. No puede quedar impune una gestión que desprecia a nuestras niñas y niños.