Las doce leyes procrimen

Pese a la existencia de una presión ciudadana para que las doce leyes procrimen elaboradas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo sean corregidas por los efectos que produce, alentando la criminalidad y promoviendo la impunidad, en ninguna de ellas se ha dado un paso atrás.

Por el contrario, cuando después de una masiva resistencia a la nueva normativa por sus efectos adversos en la lucha contra el crimen o la corrupción, como es el caso de la ley que permite la detención provisional solo en caso de flagrancia, se busca corregir en el Congreso, y en el Ejecutivo la encarpetan, posiblemente a la espera de favorecer a alguien en particular. Hace una semana, el proyecto de modificación que restituye la detención provisional permanece en el despacho presidencial, y no se ha movido de allí.

Esa es una de las normas procrimen gestadas por la perversión de tres grupos políticos que se engarzan para organizar la producción y votación de las normas. Son Fuerza Popular, Perú Libre y APP, bajo la conducción de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña. Cada uno tiene a cargo una comisión estratégica. El primero, la de Constitución, el segundo Justicia y el tercero la presidencia del Congreso y todo el aparato administrativo. Desde allí se fraguan las leyes que están afectando la labor judicial de lucha contra la criminalidad y la estrategia anticorrupción.

El subordinado Ejecutivo funciona como mera mesa de partes que promulga las leyes venidas del Congreso, sin mayor trámite porque también responde a los mismos intereses, más vinculados a lobbies empresariales más bien informales, que al bien común.

Este es el regalo navideño del Gobierno y el Congreso, corroídos por el afán de lucro, la frivolidad y una peligrosa complicidad con el crimen y la corrupción.