Internet, un derecho de todos los peruanos, por Víctor Jáuregui

Por Víctor Jáuregui. Bachiller Economía PUCP y MBA UDP. Experto en telecomunicaciones.

Decir que el internet es un derecho humano, tal como lo declaró la ONU en el 2011, no es descabellado. Durante la crisis por la COVID-19, la falta de conectividad nos reveló que este servicio sigue siendo un privilegio. La teleeducación, la telemedicina y el teletrabajo han remarcado la brecha social-digital que aún queda pendiente por atender y que no parece ser una prioridad.

El problema de la falta de acceso al internet tiene muchas aristas y está en todos los niveles. Es cierto, muchas veces el factor geográfico no permite la llegada de conexiones a nivel nacional, pero no es una excusa. Existe un desinterés por parte del Gobierno central para buscar soluciones de conectividad. Esto se traduce en la poca gestión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, un recurso de más de 13.500 mil kilómetros de fibra óptica desplegados en todo el país y que actualmente no cumple con su propósito de conectar a las comunidades más alejadas.

Los gobiernos regionales y distritales tampoco se eximen de responsabilidad. La burocracia y la falta de interés por retirar cables en desuso hacen imposible el tendido de nuevas redes que ayudarían a repotenciar el servicio.

El reporte de Osiptel (febrero 2022) demuestra la concentración del servicio de internet. Si bien las conexiones fijas han crecido en un 12,9%, Lima continúa siendo el mercado con mayor conexiones de internet, con un porcentaje del 55%. Mientras que el otro 45% se reparte entre las demás regiones del Perú; siendo las menos favorecidas Pasco, Loreto y Madre de Dios con menos del 1%.

Por otro lado, en el Congreso de la República existen quince proyectos de ley relacionados a este servicio. Ocho de ellos coinciden en la importancia de reconocer el acceso al internet como un derecho de los peruanos en la Constitución. Estas iniciativas, que tienen el apoyo de al menos cinco bancadas, siguen en comisión a pesar de que la primera se presentó hace seis meses. Tiempo en el que sigue esperando un dictamen para ser discutida en el Pleno.

Sin embargo, no se puede hablar de conectividad sin mirarse el ombligo. El sinceramiento de planes que ofrecen las empresas privadas también es un punto a tomar en cuenta. El usuario debe saber qué velocidad recibirá realmente al adquirir un plan hogar, para evaluar su permanencia en una red convencional o migrar a nuevas tecnologías como la fibra óptica.

En general, no se muestra la voluntad política para cerrar la brecha digital, pero merece también un compromiso genuino de empresas de telecomunicaciones para poner al usuario en el centro de sus actividades. El internet, como derecho reconocido a nivel mundial, merece un debate técnico, prioridad y acciones coordinadas para no repetir la historia que se vivió en pandemia.