
La ley seca en Colombia será una de las medidas centrales de seguridad durante la segunda vuelta presidencial, en la que se medirán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El Gobierno nacional y las autoridades locales anunciaron restricciones especiales con el fin de mantener el orden público y permitir el normal desarrollo de la jornada electoral del 21 de junio.
Junto con la limitación en la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en ciertos lugares, las medidas también contemplan controles de seguridad, eventuales toques de queda en algunas zonas y restricciones vinculadas con actividades de carácter político. Estas disposiciones quedaron establecidas en decretos expedidos por el Ministerio del Interior y por las administraciones territoriales.
De acuerdo con el Decreto 0612, la restricción sobre la venta y el consumo de licor comenzará a las 6.00 p. m. del sábado 20 de junio y estará vigente hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Esta disposición hace parte del conjunto de acciones adoptadas para garantizar la calma durante las elecciones presidenciales en Colombia.
La norma también autoriza a alcaldes y gobernadores a extender el periodo de prohibición si consideran que existen amenazas para el orden público. Además, el decreto precisa que los mandatarios locales podrán aplicar medidas adicionales, entre ellas la opción de decretar toque de queda, si así lo recomiendan los Consejos de Seguridad o los Comités de Orden Público.
En la capital, la ley seca en Bogotá entrará en vigor antes que en gran parte del país. La Alcaldía confirmó que la medida regirá desde la medianoche del viernes 19 de junio y se mantendrá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.
El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que la extensión responde a recomendaciones de seguridad. “Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de la ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad. Eso ocurrió en Bogotá y por eso la medida empieza a regir desde la medianoche del próximo viernes”, afirmó el mandatario.
La decisión se apoya en el Decreto 191 de 2026 y en las atribuciones concedidas por el Gobierno central. Las autoridades distritales señalaron que la Policía Nacional llevará a cabo labores de inspección, vigilancia y control en las 20 localidades para comprobar que se cumplan las disposiciones.
Las restricciones electorales prevén sanciones para ciudadanos y comercios que no acaten la normativa. La prohibición rige en espacios públicos, bares, discotecas, supermercados, tiendas y demás establecimientos autorizados para la comercialización de bebidas alcohólicas.
Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las multas por infringir la ley seca pueden ir de cuatro a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2026, ello equivale a montos entre $233.454 y $1.867.632, según la gravedad de la falta. Además de las sanciones económicas, los establecimientos podrían ser objeto de cierres temporales o de medidas administrativas adoptadas por las autoridades competentes.





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