China construirá un megaproyecto en América Latina que pone en jaque la ciberseguridad de la región
El cable submarino Chile–China Express, promovido con escasa transparencia, podría abrir la puerta a riesgos de vigilancia y control de datos en varios países de América Latina.
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En silencio y sin mayor debate público, China avanza en la construcción de un nuevo cable submarino que conectará América Latina con Asia a través de Chile. Bautizado como Chile–China Express, el proyecto busca establecer una ruta directa de transmisión de datos entre Valparaíso y Hong Kong, fuera del control de empresas occidentales.
Aunque se presenta como una iniciativa de conectividad tecnológica, el megaproyecto genera serias preocupaciones sobre soberanía digital y ciberseguridad, ya que involucra a empresas sujetas a la legislación china, que obliga a colaborar con los servicios de inteligencia del régimen de Pekín.
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¿Cómo se construirá el Chile–China Express?
El cable submarino será desarrollado por un consorcio liderado por Inchcape/ISS, junto a firmas chinas como HMN Technologies. El trayecto estimado conectará las costas chilenas con Hong Kong. Si bien no se ha revelado oficialmente su longitud ni el monto total de inversión, se estima que superará los 10.000 kilómetros y tendrá una capacidad de hasta 16 terabits por segundo por fibra, según registros del sector.
A diferencia del proyecto Humboldt, impulsado por Google y socios públicos chilenos, el Chile–China Express se desarrolla con un bajo nivel de transparencia: sin cronograma oficial, sin licitación pública y sin detalles sobre los acuerdos contractuales o mecanismos de control estatal.
¿Cuáles serán los principales retos que afrontará la ciberseguridad?
El principal motivo de alerta es el marco legal chino, especialmente la Ley de Ciberseguridad (CSL) y la Ley de Inteligencia Nacional, que obligan a empresas y ciudadanos a cooperar con las autoridades en asuntos de seguridad nacional, incluso fuera del territorio chino. Esto significa que los datos que circulen por el cable podrían estar expuestos a vigilancia estatal, sin garantías para los países conectados.
Además, el proyecto tiene alcance regional: el tráfico de naciones como Argentina, Brasil, Perú o Ecuador podría ser redirigido a través de esta red, exponiendo información estratégica a posibles interceptaciones. Por tanto, no se trata solo de una cuestión tecnológica, sino de un desafío geopolítico y normativo, que requiere un debate urgente sobre la gobernanza digital en América Latina.
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