Gobernar al desnudo

Lo que puede y no puede hacer la Comisión Presidencial Anticorrupción. Una historia de frustraciones. Opciones para hacer un menú. La necesidad de un liderazgo. ¿Es posible cambiar el sistema judicial?,El nombramiento de siete notables en una Comisión Presidencial de Integridad que propondrá medidas contra la corrupción produjo reacciones que van de la amabilidad al escepticismo. Lo primero porque los presididos por el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega son personas de prestigio. Lo otro se explica porque la comisión resultó de una crisis política que obligó al gobierno a ofrecer soluciones. Pareciera, entonces, que nació de la improvisación. PUEDES VER: Instalan Comisión de Integridad contra actos de corrupción La muerte civil En esa coyuntura, el gobierno disparó una medida efectista, la muerte civil para quienes delinquieron por corrupción en el Estado. Es considerada un gran acierto, con las reservas del abogado Roberto Pereira, quien integra la comisión que elabora las bases de la futura Autoridad de Transparencia. Pereira duda de su eficacia porque solo se aplicará a casos muy graves. Nadie sabe en qué medida reingresa este tipo de corruptos a la función pública. Por lo tanto, ignoramos la relevancia de la norma. —Además —añade Pereira— quizá es insuficiente. ¿Por qué se le prohíbe ingresar a la función pública a un sentenciado por corrupción y no a quien pagó culpa por terrorismo, robo común o violación? Volviendo a la comisión, la verdad es que el gobierno alistaba nombrar un organismo de esta naturaleza algunos días antes de que fueran conocidas las negociaciones corruptas del asesor presidencial Carlos Moreno. El primer ministro, Fernando Zavala, habló al respecto con diversas personalidades, entre ellas José Ugaz, presidente de Transparency International, y Jorge Medina, presidente de Proética. También es cierto que el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio principalmente consideraba orientaciones estratégicas contra la corrupción, y varias medidas específicas. Una de ellas, precisamente, la denominada “muerte civil”. ¿CAN o no CAN? La Comisión de Integridad no estaba en el plan y apareció como idea luego del cambio de gobierno. En el plan había más bien la receta para fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el organismo que es integrado por titulares de diversos poderes del Estado y que actualmente preside el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El premier Zavala la repitió en su discurso ante el Congreso. Pero si el plan de gobierno se rehiciera hoy es posible que no figurara. Algo en el diseño del organismo —pese a la buena voluntad de Sánchez, que contrasta con la de antecesores— lo vuelve intrascendente, mientras la corrupción cascabelea. Una de las limitaciones de la CAN es que depende de la PCM, quien designa, por ejemplo, a quien desempeña la secretaría ejecutiva. Otra, que sus representantes representan el statu quo actual: el Congreso, el Poder Judicial, el CNM, la PCM, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Asamblea de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades y el Acuerdo Nacional. La Defensoría del Pueblo y la Contraloría son observadores, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil. En un organismo consensual, nada podría salir que disguste al gobierno de turno, nada que altere el armonioso empate de sus miembros respecto del tema. Lo que se espera Aun así, la CAN tiene un plan nacional 2011-2016 con cinco objetivos, 15 estrategias y 55 acciones. En buena cuenta es la continuidad de lo que se hizo en el periodo anterior. Aún no hay un plan para el futuro. Los objetivos vigentes son un listado de buenas intenciones, con estrategias que pasan por la aprobación de normas y con acciones que resultan de un devenir lógico de lo anterior. En ninguna línea dice algo parecido a esto: acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Que es, como se sabe, un clamor nacional. Una relectura del plan de PPK permite encontrar generalizaciones que no son discutidas. Después de proponerse fortalecer la CAN, se plantea otros tres lineamientos estratégicos: modernizar el Estado, reformar el sistema electoral, y mejorar la investigación y sanción. Hay metas que son ambiciosas, como aumentar de 13% a 40% el porcentaje de personas que confían en la capacidad del gobierno para enfrentar el problema, y reducir del 47% al 25% la creencia de que el Poder Judicial es una de las instituciones más corruptas del país. Hay una relación de medidas interesantes, que por el momento no interesa discutir. Algunas de ellas, como reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, ya envuelto en ilegitimidad, quizá requieran una reforma constitucional. En el plan de gobierno de Fuerza Popular, y en el de otras candidaturas, hay acciones que podrían ser pertinentes. ¿Qué se espera entonces de la Comisión de Integridad? Por lo menos... Salta a la vista que sobran diagnósticos y recetas, y que cada uno de los múltiples envases son desconocidos por la población y quizá olvidados por sus propios autores. Ayer, en la instalación del grupo que preside, Vega destacó que escucharán propuestas de todos, y Kuczynski les pidió viajar al interior. Pero no tienen tiempo para eso, ni para estudiar una vez más aspectos de la problemática que son complejos. Por lo mismo, con el aval que les da el hecho de ser personajes independientes, algunos de ellos representantes de organizaciones civiles especializadas, lo mejor que podrían hacer son unas pocas propuestas sencillas, cuyo principal atributo sea producir una transparencia radical. Su mayor contribución sería pedirle al gobierno gobernar al desnudo. Debe dar el ejemplo y asumir el liderazgo, sobre todo el presidente. Si la futura Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información es autónoma y con amplias facultades, se habrá dado un paso en esa dirección. Pero además es indispensable que se sepan todos los ingresos y bienes de los altos funcionarios (ahora no es posible), que no exista secreto tributario para candidatos, congresistas y ministros, que la población pueda tener acceso a los correos electrónicos de miembros del Poder Ejecutivo en ejercicio de sus funciones. Los reveladores de secretos (o whistleblowers) debieran tener un régimen de protección. Los resistentes Y también puede ser posible transparentar el sistema judicial. Deben ser de acceso público las resoluciones, autos y sentencias, que actualmente se conocen cuando cada magistrado lo juzga conveniente. Esto permitiría un escrutinio público y no afecta el debido proceso ni a las investigaciones. El muro contra el que chocan los intentos anticorrupción es la resistencia del Poder Judicial a transparentarse, así como la del Congreso para aprobar la reforma política y de la Contraloría para abandonar su anacrónico sistema de concentrarse en las minucias. Pocas y audaces medidas que pongan el dedo en la llaga serían mejores que un informe tecnocrático y para el recuerdo.