Respuesta intimidatoria a la decisión de declarar la matanza de El Frontón delito de lesa humanidad.Cumpliendo las amenazas que hiciera días antes el almirante (r) Luis Giampetri, un grupo de ex marinos ha acusado ante el Congreso a cuatro integrantes del Tribunal Constitucional (TC) que fallaron en favor de declarar los asesinatos de El Frontón de 1986 como delitos de lesa humanidad. La denuncia ha sido presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, y si prospera estaríamos ante un golpe ilegal al máximo órgano de interpretación de la Constitución, 20 años después del reprobable atropello cometido por la mayoría parlamentaria del mismo grupo político. El fallo en cuestión no es ilegal. Se encuadra en el marco legal de las prerrogativas del TC que resolvió los pedidos de subsanación presentados por el Instituto de Defensa Legal (IDL), y del mismo Estado peruano, a través de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia. Ambos pedidos realizados el año 2013 señalan la existencia de un error material en la sentencia del TC referido al caso, debido a que un magistrado había firmado dos resoluciones diferentes. El fallo del TC no anula su sentencia del año 2013, pero en vías de corrección debido a dicho error –que permitió que sin los votos necesarios se adopte una decisión– vuelve el caso a su condición de crimen de lesa humanidad cerrando la posibilidad de su prescripción. En una interpretación antojadiza, la defensa de los marinos procesados por la matanza de El Frontón señala que los magistrados Miranda, Ramos, Espinoza y Ledesma han violado el precepto constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada, al emitir una resolución en la que dejan sin efecto el enunciado de una sentencia anterior. Como se sabe, en la matanza de El Frontón, en junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, murieron más de 130 personas, caso por el que están procesados 35 marinos que participaron en la operación. El proceso se inició en octubre pasado luego de 30 años de retraso y la fiscal Luz Ibáñez Carranza, que debió soportar en su momento diversas presiones y advertencias, ha señalado que no se está juzgando a los marinos que actuaron en defensa propia durante el motín terrorista, sino a quienes ejecutaron extrajudicialmente a los amotinados que salieron rendidos después de la 1:30 de la tarde del 19 de junio de 1986. En la acusación se señala que un grupo de internos salió con una bandera blanca, los oficiales seleccionaron a los cabecillas, los llevaron a las letrinas y los fusilaron. Presentada la demanda al Congreso, varios legisladores han adelantado opinión, que coloca la denuncia en una línea que obliga a la defensa de la legalidad del TC y el respeto de sus fallos por parte de los poderes públicos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sin respetar esa autonomía para las decisiones jurisdiccionales del TC, el año 1997 el Congreso fujimorista destituyó a tres miembros del TC por señalar que la Ley de interpretación auténtica de la Constitución, relacionada con la reelección presidencial, no era aplicable a Alberto Fujimori.
