Los candidatos presidenciales están obligados a retirar de las listas parlamentarias a sentenciados, procesados e investigados por corrupción. , Este diario ha documentado que varios candidatos en las listas parlamentarias que compiten para las elecciones del 10 de abril próximo fueron sentenciados por diversos delitos, incluidos los de agravio al Estado; otro grupo se encuentra procesado y aunque no ha recibido sentencias, la fiscalía ha aportado pruebas fehacientes de su responsabilidad. Este simple hecho tira por la borda cualquier compromiso anticorrupción de los candidatos presidenciales y sus programas de gobierno entregados al JNE. Las denuncias cubren a casi todas las listas pero en algunas son más recurrentes. En Alianza para el Progreso (APP), por ejemplo, es inaudito que Benicio Ríos Ocsa encabece la lista por el Cusco habiendo sido sentenciado el pasado octubre a 4 años de cárcel por el delito de peculado, al haberse incrementado ilegalmente el sueldo cuando era alcalde de la provincia de Urubamba. Está también el caso del ex jefe del Ejército Edwin Donayre, candidato por Lima, procesado junto a 41 personas por la venta ilegal de combustible. En Fuerza Popular se han mencionado, entre otros, los casos de Moisés Mieses, quien purgó 3 años de prisión por falsificar documentos; el del ex alcalde de Tacna Jacinto Gómez Mamani, condenado el año 2009 a 3 años de prisión por peculado doloso; el de Ramiro Guzmán Ibáñez, ex alcalde a Angaraes sentenciado por abuso de autoridad; Beatriz Yamashiro, de Ucayali, investigada por corrupción por una adjudicación irregular de venta de insumos para el Programa del Vaso de Leche; y el de Guillermo Bocángel, ex rector de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, investigado por peculado doloso y falsificación de documentos. El caso más indignante en este grupo es el de Cecilia Chacón, vocera del fujimorismo y cabeza de lista por Lima ante su imposibilidad de reelegirse por Cajamarca. Sobre ella, Keiko Fujimori ha expresado una inexactitud, en el sentido de que ha sido absuelta. Lo cierto es que la Corte Suprema no la absolvió sino que por un problema de formalidad ordenó que vuelva a ser investigada por el Fiscal de la Nación por enriquecimiento ilícito. En su caso, el dato judicial previo es una sentencia de 3 años de prisión. Los partidos deben reparar el error de no haber hecho uso intensivo de la Ventanilla Única del JNE con las consecuencias ahora conocidas. Según la Asociación Civil Transparencia, hasta el 24 de enero, el 40% de los postulantes al Congreso no habían pasado por la Ventanilla Única, de modo que se relativiza el argumento tradicional de los grupos sobre la imposibilidad de conocer los antecedentes de sus militantes. Los candidatos presidenciales tienen la obligación de retirar a los candidatos cuestionados de las listas parlamentarias. No pueden eludir su responsabilidad de presentar ante los electores aspirantes a la representación sin historias penales tras de sí; debe haber un mínimo de coherencia entre el discurso y la práctica.
