Congreso: empresas que incumplan pagos laborales serán prohibidas de contratar con el Estado, según proyecto de ley

El Congreso del Perú presentó el 6 de mayo un proyecto de ley orientado a garantizar el pago oportuno de remuneraciones y demás derechos laborales de trabajadores que prestan servicios en contratos financiados con recursos públicos. La iniciativa fue impulsada por el congresista Elías Varas Meléndez y respaldada por el Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial.

La propuesta surge ante los reiterados incumplimientos en el pago de sueldos, beneficios sociales y aportes laborales por parte de empresas que ejecutan obras, servicios generales, mantenimiento, seguridad, limpieza y logística para el Estado. El documento advierte que esta problemática se agrava mediante esquemas de intermediación, tercerización y subcontratación que diluyen responsabilidades, mientras estas continúan contratando con el Estado y reciben recursos públicos pese a mantener deudas laborales.

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Empresas podrán ser sancionadas por deudas laborales en el Estado

El proyecto establece que el incumplimiento de obligaciones laborales generará sanciones administrativas dentro del sistema de contratación pública. Entre las medidas contempladas figuran la aplicación de penalidades económicas contractuales, la reducción del puntaje o calificación de las empresas en los procesos de selección y su registro como proveedores con incumplimiento laboral.

La propuesta precisa que estas sanciones serán aplicadas según la gravedad y reiterancia de las infracciones detectadas. Además, incorpora un sistema progresivo de reincidentes. En esos casos, podrán recibir suspensión temporal para contratar con el Estado o incluso quedar inhabilitadas para participar en procesos de contratación pública conforme a la normativa vigente.

El documento también define como incumplimiento laboral la falta de pago oportuno de remuneraciones, beneficios sociales, aportes previsionales, aportes a la seguridad social y cualquier otro derecho reconocido por la legislación laboral dentro de los plazos establecidos. Asimismo, señala que las empresas contratistas serán solidariamente responsables del cumplimiento de estas obligaciones respecto de todos los trabajadores que participen en la ejecución del contrato, independientemente del régimen o modalidad de contratación utilizada.

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Sunafil informará al OSCE sobre sanciones laborales de empresas

La iniciativa plantea fortalecer la articulación entre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con el objetivo de trasladar las sanciones laborales al ámbito de la contratación pública.

Para ello, se establece que Sunafil deberá comunicar al OSCE las resoluciones administrativas firmes que acrediten incumplimientos laborales por parte de las empresas contratistas. Esta coordinación permitirá que las infracciones laborales tengan consecuencias administrativas concretas en la capacidad de las empresas para seguir contratando con el Estado.

Según la exposición de motivos, actualmente existe una desconexión normativa entre la fiscalización laboral y el sistema de contrataciones públicas, lo que permite que empresas sancionadas continúen accediendo a contratos financiados con recursos públicos. El proyecto busca corregir esa situación al incorporar el historial de cumplimiento laboral como un criterio relevante en los procesos de selección y permanencia de proveedores del Estado.

Proyecto exige a proveedores del Estado acreditar cumplimiento laboral

El proyecto también dispone que las entidades públicas incorporen cláusulas obligatorias en los contratos suscritos con empresas proveedoras del Estado. Estas cláusulas exigirán acreditar periódicamente el cumplimiento de obligaciones laborales como condición para mantener la continuidad contractual y tramitar pagos correspondientes a los servicios ejecutados.

La propuesta sostiene que esta medida permitirá garantizar que los recursos públicos se destinen únicamente a empresas que respeten los derechos laborales de sus trabajadores. Además, busca fortalecer la calidad del gasto público y promover condiciones de trabajo dignas en actividades financiadas por el Estado.

Cabe resaltar que el proyecto se encuentra en etapa de presentación en la Comisión de Economía, pendiente de debate, dictamen en comisiones y eventual aprobación por el Pleno.