Nueva Carretera Central: Gobierno desarma el acuerdo con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para financiar megaobra

La decisión del transitorio gobierno de José Jerí de romper el contrato con la oficina de gestión de proyectos (PMO), es decir el brazo operativo designado por Francia para gestionar las megaobras de infraestructura en el país, no solo abre la puerta a un arbitraje internacional, sino que marca un cambio de rumbo en la construcción del megaproyecto Nueva Carretera Central, la primera autopista de montaña del país que conectará Lima con Junín en dos horas y media.

Desde los ministerios de Transportes y de Economía insisten que el convenio de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia "sigue vigente". Sin embargo, el propio Ejecutivo busca desmontar el esquema original, financiado íntegramente como obra pública, al considerarlo inviable.

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La ministra de Economía Denisse Miralles aseguró que una obra valorizada en alrededor de S/24.000 millones no puede ejecutarse completamente con presupuesto público, debido a las restricciones de gasto. "Darle todo el presupuesto público a un solo proyecto nos quita el espacio fiscal para financiar colegios y hospitales", dijo en RPP.

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Según explicó, este tipo de proyectos debe generar ingresos propios mediante "estaciones de peajes, de servicios u otros mecanismos financieros que permitan hacer viable la obra". A renglón seguido, cuestionó el modelo original con el país europeo. "Dejarlo todo bajo el esquema del G2G, o sea toda la obra financiada con obra pública, es condenar el proyecto al fracaso", manifestó.

¿Cambio de modelo? Se verá en marzo

Consultada sobre si ello implicaba migrar a una Asociación Público-Privada (APP), Miralles respondió que podría hacerse "algo mixto" y precisó que, dentro del marco del G2G, se podría solicitar al gobierno francés de Emmanuel Macron que, además del constructor y del asesor técnico, incorpore financiamiento inicial, "como es el esquema de APP". Según anunció, el Ejecutivo se ha comprometido a presentar una solución integral del proyecto hasta la primera semana de marzo.

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Las APP trasladan costos a los usuarios y también le cuestan al Estado

En diálogo con La República, la exministra de Transportes Paola Lazarte, indicó que el planteamiento del MEF abre una narrativa engañosa sobre las Asociaciones Público-Privadas (APP), en el marco del replanteamiento de los proyectos incluidos en el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia, como la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el puente de acceso al aeropuerto Jorge Chávez. Según explicó, no todos los proyectos de infraestructura pueden ser autosostenibles bajo ese esquema.

"La Vía Expresa Santa Rosa como APP, ¿cómo la financias? ¿Vas a poner un peaje por tres kilómetros? No", cuestionó y precisó que, en la práctica, lo que suele impulsarse son APP cofinanciadas, es decir, proyectos en los que el Estado asume parte importante del costo. "Las APP cofinanciadas son financiadas por el Estado. No es que el privado desembolse, haga la obra y lo recupere solo con tarifas", señaló.

"Ya le mandaron comunicación al gobierno de Japón para la carretera Eje Vial 4 en Amazonas. Lo mismo estarían pensando para Majes Siguas y Chavimochic", apuntó a La República.

En el caso de proyectos de irrigación como Majes Siguas o Chavimochic, sostuvo que intentar hacerlos autosostenibles implicaría cobrar tarifas a agroexportadores o juntas de usuarios, trasladando los costos a los beneficiarios finales. "Hay una falsa narrativa de que con las APP al Estado no le cuestan los proyectos. Eso es falso", remarcó.

La exministra añadió que "nuestro modelo peruano de APP no explota las bondades de un financiamiento privado", sino que funciona como una obra pública pagada en plazos de 20 o 30 años, con riesgos financieros que finalmente recaen sobre el Estado.

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"El MEF y MTC no han sido sinceros"

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, cuestionó la falta de transparencia del gobierno de Jerí al tener ya decidido resolver el contrato con el asesor técnico francés cuando sostuvo reuniones con las autoridades regionales.

"El MEF y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no han sido sinceros. El día que nos reunimos, el 3 de febrero, ellos ya tenían un informe que buscaba resolver el contrato como consecuencia de lo sucedido con (la empresa) EGIS, y eso no nos lo mencionaron", declaró.

Para Cárdenas, esta situación lo lleva a pensar que el gobierno "no está siendo claro, sincero ni transparente" y que, más allá de la modalidad sea G2G o APP, una solución integral tomará tiempo, lo que al final genera preocupación tratándose de un gobierno transitorio.

Este martes 10 se realizará una reunión de la macrorregión centro, a la que han sido invitados representantes del MTC, el MEF y Provías Nacional, con el objetivo de exigir definiciones sobre el futuro de la Nueva Carretera Central.

La Nueva Carretera Central es considerada por los gobiernos regionales de la macrorregión centro como una de las infraestructuras viales más estratégicas del país, al articular los principales corredores mineros, agrícolas y comerciales con Lima y garantizar el abastecimiento de millones de peruanos.