Oro que mata y contamina
Las muertes ocurridas hace unos días en la zona minera de Pataz, La Libertad, son el síntoma más reciente de un problema que está creciendo sin control en el Perú: la minería ilegal. Esta es sobre todo aurífera y, además de la violencia que desata, contamina ríos, amenaza la salud de las personas y destruye el medioambiente. Además mueve más dinero que el narcotráfico.
La cuenca del río Nanay, fuente de agua potable para la ciudad de Iquitos, la urbe más grande y poblada de la Amazonía, es hoy uno de los ‘centros emergentes’ para la presencia de minería ilegal y extracción de oro. El procesamiento del metal dorado es posible con mercurio, un elemento altamente contaminante. Quizá el impacto en la población de Iquitos se vea a largo plazo, pero hace muchos años que ya golpea la salud de las comunidades nativas aledañas a ese y otros ríos de la selva peruana.
Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) señala que todas las regiones amazónicas (Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali) son afectadas por la minería ilegal. El 90% de este tipo de minería es aurífera: usa mercurio y, en menor medida, cianuro. “La producción de oro ocasiona liberación de mercurio en el ambiente, lo que contamina el agua de los ríos, el aire y los peces, afectando la salud de las personas”, dice el informe.
“Hoy no tenemos información actual sobre lo que está pasando en la Amazonía, no hay evaluaciones sobre los efectos de la contaminación. La última publicación a nivel nacional sobre el uso de mercurio en la minería se hizo el 2018. Ese año había 360 toneladas de mercurio que se liberaban al ambiente cada año, el 50% de todo ello en Madre de Dios”, explica MartínArana, investigador de FCDS y uno de los autores del informe. Si esta ilícita actividad ha crecido, los niveles actuales serían mayores.
Casi la totalidad del mercurio usado en esta actividad es también ilegal. Entraría al Perú por Bolivia, llegando a Puno y de ahí a Madre de Dios y otras zonas amazónicas. También entraría, aunque en menores cantidades a través de los puertos de Paita, Callao y Marcona. De allí se movilizaría por vía terreste y fluvial a todos los centros de minería ilegal o informal. Esta sustancia, clave para sostener un negocio cargado de violencia, vendría desde México.
Hoy el problema de la minería ilegal e informal es grave. Tiene presencia en 18 regiones”, dice José de Echave, de la ONG Cooperacción. Foto: La República/UIF
Mafia que crece
El mayor ejemplo de lo destructiva que es esta actividad es La Pampa, en Madre de Dios, donde ya se han perdido más de 100 mil hectáreas de bosque amazónico. Los daños al ecosistema son irreversibles. Es un gran campamento donde hay crimen organizado, trata de personas, explotación sexual y muchas muertes. La operación 'Mercurio', realizada en 2019, detuvo en parte sus actividades, pero la llegada de la pandemia cambió todo. Hoy la depredación se ha triplicado y el negocio continúa boyante.
"Desde hace treinta años se hablaba de cuatro o cinco zonas históricas con estas características: Madre de Dios, Puno (La Rinconada, Sandia), el sur medio de Ica (Nasca, Palpa), el norte de Arequipa (Caravelí, Chala), el occidente de Ayacucho (Lucanas), y La libertad (Pataz). Hoy el problema de la minería ilegal e informal es grave. Está creciendo enormemente”, dice José de Echave, de la ONG Cooperacción. Este tipo de minería, y su violencia, tiene presencia en 18 regiones. Se ha expandido sin control. En Pataz convivían la minería formal con la informal hasta hace unos años, pero cuando el negocio empezó a crecer empezaron los problemas. Los mineros informales contrataron pistoleros como ‘chalecos’ para arreglar disputas internas, estos se dieron cuenta de los ingentes ingresos, desplazaron a sus contratistas y hoy controlan varias minas y atacan a las formales: Poderosa, Horizonte, Retamas. El ataque a la mina Poderosa que acabó con 10 fallecidos y 13 heridos aparentemente era para apoderarse de material aurifero.
La Libertad es actualmente la primera productora de oro en el Perú, desplazando a Cajamarca. Sin embargo, Pataz no tiene comisaría. Allí operarían bandas armadas llegadas hace más de cinco años desde Trujillo y Lima.
“Hoy la minería ilegal, según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera, movería alrededor de 8 mil millones de dólares. Mucho más que el narcotráfico. Es el principal delito a nivel nacional. Por eso las autoridades deben dimensionar la respuesta en función de la magnitud del problema”, dice Martín Arana de FCDS.
Expansión sin control
Además de las zonas mencionadas hay nuevos focos de minería ilegal e informal que podrían ser los futuros Pataz o La Pampa.
En la frontera con Ecuador un nuevo centro es la zona de Condorcanqui, Ayabaca y San Ignacio. En Loreto, lo son las provincias fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil, en la cuenca del río Napo y el Nanay. En la selva Central hay minería ilegal fuerte en Puerto Inca, Atalaya, Oxapampa. Y las zonas altas del Cusco y Apurimac están ya en el mapa minero ilegal.
“El oro se mantiene en niveles altos hace muchos años. Unos 1,800 dólares la onza. Es tremendamente rentable. Ninguna otra actividad puede competir con eso. Son veinte años de bonanza, los mineros ilegales o informales han ganado poder económico, controlan territorios y tienen también influencia política. Hay vínculos con alcaldes, fiscales provinciales, gobernadores regionales. Ahora incluso tienen influencia política en el Congreso”, llama la atención José de Echave.
En efecto, desde el Congreso, algunos parlamentarios proponen iniciativas que los benefician, como ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) cada vez que este debe cerrarse.
¿Qué hacer? ¿Cómo detener esta actividad ilegal y combatir todos los crímenes conexos?
“La respuesta debe ser multisectorial, con mayores presupuestos. Hay toda una institucionalidad para enfrentar el narcotráfico (Dirandro, Devida y más) y no la hay para la minería ilegal. Hace poco el ministerio del Interior aprobó unos lineamientos sobre la estrategia de interdicción, en donde ya están incorporando a fiscales contra el crimen organizado. Eso es positivo, hace rato ya el enfoque no es el de un delito ambiental. Ojala se concrete”, dice Martín Arana de FCDS. La fiebre del oro, contaminante y criminal, debe parar.